El sector de las empleadas del hogar experimenta un fenómeno llamativo. Su afiliación no muestra ninguna mejoría en las últimas semanas; es más continúa cayendo a ritmos del 6%. La limpieza a domicilio fue una de las actividades que más directamente sufrió los efectos del confinamiento.
Por ello, sólo puede llamar la atención que no evidencie la más mínima mejoría con el avance de la desescalada. Datos parecidos arrojan otras actividades de escasa cualificación, precisamente aquéllas cuyas remuneraciones están más ligadas al salario mínimo interprofesional (SMI). Existen serios indicios de que esos sueldos han visto aún más mermado su atractivo desde que surgió la expectativa de una nueva renta mínima vital, capaz de superar sustancialmente al SMI (de hecho, en su diseño definitivo, puede rebasarlo en un 7%). Además, el nuevo subsidio está lejos de constituir una ayuda puntual al alcance de los más damnificados por la actual emergencia. Muy al contrario se trata de un pago que se concede de oficio (sin requerir una solicitud oficial siquiera) y sin duración establecida. Son numerosos los expertos que advertían de los efectos desincentivadores de las rentas vitales a la hora de buscar trabajo. Todo apunta a que esa capacidad se multiplica en el caso de subsidios vitalicios de este tipo.
Una renta vital capaz de rebasar el salario mínimo, y con carácter permanente, desincentiva la búsqueda de empleo
Gracias a ello, puede ser más rentable asegurar su cobro mientras se mantiene un trabajo en la economía sumergida para complementar los ingresos. El amplio alcance, y la laxitud de sus condiciones, harán que la renta mínima suponga importantes réditos electorales para su principal valedor, el vicepresidente Iglesias, pero lo hará obligando a pagar un alto precio a las arcas públicas y al mercado laboral.
