
La CNMC atraviesa una honda remodelación de su consejo en pleno estado de alarma y sin el aval del más mínimo consenso con la oposición. La labor de Competencia podría verse aún más cuestionada por los conflictos de interés que amenazan a su futura presidenta. Más grave aún es el hecho de que lo ocurrido en la CNMC no es un caso aislado. Las cúpulas de la Fiscalía y la Guardia Civil también lo experimentan y, en el mundo económico, amenaza con repetirse en otros supervisores. Dejar que la rivalidad política contamine a estas instituciones supone una irresponsabilidad.
Equivale a restarles toda presunción de independencia y a poner aún más en duda, a los ojos de los inversores, la credibilidad y la seguridad jurídica en sectores clave.