El PNV logra que el Gobierno confiera al País Vasco y Navarra la gestión de la nueva renta mínima. Es un paso significativo ya que esa ayuda tiene carácter estatal.
De hecho, se interpreta como un anticipio de la transferencia de la gestión de la Seguridad Social a las autonomías forales. Una decisión así no supondría romper la caja única de pensiones (algo financieramente inviable), pero sí implica un cambio de calado para el sistema de protección. Junto a la capacidad de hacer pagos, se transferiría la potestad de inspeccionar y reclamar deudas en caso de reestructuraciones. Hasta ahora, todos esos procesos se regían por unos criterios únicos que probablemente se rompan y se cree así una disparidad que merme aún más los recursos de la Seguridad Social