El presidente Sánchez hizo pública en abril su intención de "blindar" el gasto público en Sanidad, remitiéndose al pacto de Gobierno con Podemos.
No dio más detalles sobre en qué consistiría es blindaje pero es conocida la insistencia del partido morado de que el desembolso de España en ese capítulo siempre iguale la media europea, lo que supondría, en la actualidad, elevarlo un punto de PIB hasta el 7%. No es la única promesa de este tipo a la que Sánchez se sujetó, dado que también se comprometió a asegurar la revalorización de las pensiones con respecto al IPC en la Constitución. A ambas iniciativas se les pueden plantear serias objeciones de principio. Tomar la media europea en desembolso sanitario como una referencia incuestionable supone obviar las grandes diferencias de tamaños, en cuanto a PIB y en cuanto a recursos disponibles para el Estado del Bienestar, que existen entre los países comunitarios. Más cuestionable aún es considerar que la Seguridad Social, con un déficit acumulado de 18.000 millones, está en condiciones de garantizar la revalorización de las pensiones, sea cual sea la situación económica y la evolución demográfica. Pero, sobre todo, resulta imposible que la factura acumulada de estos blindajes, 14.500 millones más de desembolso público cada año sea sostenible, ahora que el desequilibrio de las Administraciones está abocado a llegar al 10% del PIB y la deuda superará el 100%.
Los desembolsos corrientes de las Administraciones se encuentran ya en niveles que abocan a España al rescate europeo
El gasto público corriente, de carácter no productivo, ha llegado ya a cotas históricas, y continuará al alza debido a medidas inminentes como apicar la nueva renta mínima vital, en vigor desde este mismo mes. Continuar aumentándolo constituye una temeridad que aboca a España a una situación insostenible para su sector público.
