Han sido, y son, tantas las contradicciones, las falsedades, la opacidad y la falta de transparencia del Gobierno para intentar ocultar sus gravísimos errores en la gestión de la pandemia que no es de extrañar la indignación y las presunciones de arbitrariedad de las comunidades excluidas, total o parcialmente, de pasar a la llamada Fase 1 de desescalada.
Indignación y desconfianza que se acentúan especialmente en Madrid, donde entre muchos parlamentarios nacionales y autonómicos y también en la ciudadanía se sospecha que el rechazo a la petición y los informes del gobierno de Isabel Díaz Ayuso obedecen más a una "venganza política" que a una decisión meramente sanitaria. Y, cierto es, que indicios y actitudes existen sobradamente para ellos.
El responsable de los fallecimientos y del desastre económico es el Gobierno
Si nos atenemos a los requisitos que la disposición publicada en el BOE considera "imprescindibles" para el pase, es indiscutible que Madrid cumple tanto con la capacidad de instalar en un plazo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de cuidados intensivos por cada 10.000 habitantes, como con la capacidad de instalar entre 37 y 40 camas para enfermos agudos en los mismos parámetros de tiempo y habitantes. Recordar que el hospital de IFEMA no se ha desmantelado.
Pero, al margen de los posibles requisitos, las dudas sobre la intencionalidad política de la exclusión crecen cuando se constata que el vicepresidente segundo del Gobierno anunciaba ya en la mañana del sábado, horas antes de la reunión de los presuntos expertos, que Madrid no pasaría de fase, acompañando su afirmación con graves descalificaciones hacia la presidenta de la Comunidad. Descalificaciones y mentiras que se repitieron desde la sede del PSOE después de hacerse pública la decisión, en una campaña tan injusta como "repugnante", en palabras de Inés Arrimadas, ahora aspirante a socia del sanchismo.
Pablo Iglesias anunció horas antes de la reunión de los expertos que Madrid no pasaría de fase, acompañado su afirmación con graves descalificaciones hacia Díaz Ayuso
A ello se suma la negativa del Ejecutivo a hacer públicos los nombres de los expertos, a lo que está obligado por Ley, y que por lo que sabemos extraoficialmente no lo son tanto -sólo hay cinco médicos y casi ninguno especialista en epidemias- y en su mayoría están vinculados al PSOE y a la empresa que contrató a la mujer de Pedro Sánchez.
Todo parece apuntar que desde el Gobierno y el PSOE se quiere destruir con propaganda fraudulenta, la creciente imagen de eficacia de la Comunidad y el Ayuntamiento madrileños, en contraposición con el caos del Ejecutivo del Estado. Recordar que fue Madrid quien primero cerró los colegios y prohibió las visitas a residencias de ancianos en contra de la opinión de Sánchez y su equipo. Que fue la Comunidad de Madrid quien alertó de los peligros de la manifestación del 8-M, con dos escritos al Delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco, quien hizo caso omiso y, por cierto, está imputado por un delito de imprudencia grave a la salud.
El Gobierno se enfrenta ya a siete denuncias de colectivos profesionales en los Tribunales, en los que les imputan desde homicidio involuntario hasta delitos contra la salud de los trabajadores
Son demasiadas dudas, demasiada opacidad y demasiados los intentos de amputar la libertad de expresión para pretender tapar que, por mucho veneno que destile Pablo Iglesias por la boca y por muchos engaños que nos cuente su socio el doctor Trampa -la última el supuesto ranking de la Universidad John Hopkins que ésta ha dicho que no existe -, los principales responsables de la caótica gestión de la pandemia, de los fallecimientos y del desastre de la economía que nos aboca al rescate inexorablemente son ellos, su gobierno, y los colaboradores necesarios como el doctor Fernando Simón, quien desde el 24 de febrero y hasta el 8-M insistía en que en España "la posibilidad de infección en España era muy baja".
Por cierto, un Gobierno que se enfrenta ya a siete denuncias de colectivos profesionales en los Tribunales, en los que les imputan desde homicidio involuntario hasta delitos contra la salud de los trabajadores. Y esto no son fakes.
Entidades
