Opinión

El refranero, el déficit fiscal y de tarifa

Las alzas de impuestos son nocivas para la actividad económica

Durante estos meses de confinamiento, entrega y luto, los ciudadanos nos hemos visto obligados a buscar aquellos elementos que pueden resultar más positivos de esta terrible situación que afrontamos. En la mayor parte de los casos, nos orientamos hacia los buenos hábitos que en algún momento abandonamos o simplemente nunca nos hemos planteado seriamente hasta ahora: realizar deporte, cuidar la dieta, consumir y disfrutar de la cultura o, simplemente, preocuparnos más de nuestros más allegados o de quienes en algún momento lo fueron.

Sirva esta recopilación para comenzar un artículo que, a pesar del preocupante panorama, tiene también el ánimo de aprender de los errores o dejaciones sucedidos, de cara a construir un futuro más brillante.

Es de sobra conocido que la situación actual es preocupante, también en el ámbito económico. A pesar de las distintas medidas que se han puesto en marcha, varios organismos internacionales ya estiman una fuerte contracción del PIB español a final de año, con un amplio grado de variabilidad entre sí, pero en todo caso con un escenario tremendamente pesimista. Esta situación no es sorprendente, más allá del inevitable impacto que una pandemia como ésta tiene sobre la actividad económica, pues hay que reconocer que las actuaciones del Gobierno se encuentran acotadas a causa del inexistente margen fiscal de las cuentas públicas.

Esta crisis nos llega con los deberes sin hacer respecto a la corrección del déficit público

En efecto, lamentablemente, esta crisis nos llega con los deberes sin hacer. Tras dos años de incapacidad política para aprobar unos Presupuestos, el Gobierno actual rompió la tendencia positiva en lo que a corrección del déficit público se refiere durante el pasado 2019, dando lugar a que el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos se situase en el 2,64% del PIB, frente al 2,54% de 2018 y lejos del objetivo del 2% comprometido con Europa tras una revisión a la baja.

La traducción de estos datos en relación a la actual crisis es clara: tenemos menos 'músculo fiscal' para hacer frente a los difíciles avatares económicos. Cuando encadenábamos nuestro sexto año de crecimiento económico positivo, el Gobierno se dedicó a aumentar los números rojos y ahora, cuando es más necesario disminuir los impuestos o actuar para dar una cobertura ante situaciones de cierres y desempleo, la Hacienda pública no puede hacerlo con la magnitud que se requiere.

Es curioso cómo desde determinadas opiniones políticas se alienta ahora un cambio de paradigma económico sustentado en el gasto público como forma de solventar esta crisis. Los mismos defensores de estas ideas eran los que criticaban la reforma del Artículo 135 de la Constitución, que tenía el objetivo de consolidar la credibilidad de España ante los inversores y orientar la política fiscal a la estabilidad presupuestaria (no incluiremos en esta categoría al presidente del Gobierno, que en 2011 votó y defendió en público esa reforma, para, tres años después y ante la presión de Podemos, alentar su derogación).

Lo cierto es que esa reforma está más viva que nunca, dado que no sólo de haber seguido escrupulosamente sus principios contaríamos con un mayor margen de actuación, sino que, además, en su apartado 4 ya contempla el recurso al déficit público como medida de choque ante situaciones como la actual. En efecto, lejos de ser responsabilidad de un instrumento como el artículo 135, ha sido la acción deliberada del Gobierno la que ha dado lugar a una menor provisión pública ante la pandemia.

Otro de los elementos de aprendizaje tiene que ver con la situación que experimentará el sistema eléctrico y su equilibrio económico-financiero. Como sucedió con la Hacienda Pública, la previsión de cierre de las liquidaciones del sistema para 2019 ya contempla, según qué fuentes, un déficit de entre 350 y 1.000 millones de euros.

Este desequilibrio, al igual que el que tuvo lugar en 2018 (y que rompió la tendencia de varios superávits consecutivos), volvería a compensarse con el superávit acumulado en años anteriores (ejemplo práctico de la virtud de ahorrar en momentos de bonanza). Sin embargo, el impacto de la crisis sanitaria sobre los ingresos del sistema (por menor consumo, menor recaudación por peajes a causa de una menor potencia contratada y menor recaudación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica) amenaza con un nuevo e importante déficit anual en 2020 que no está claro de qué modo podría gestionarse, ya que, conforme a la legislación vigente, debería compensarse con nuevos ingresos, es decir, con incrementos en las facturas de los hogares y empresas, lo cual es nocivo en una situación de recesión económica.

En síntesis, el sistema parece abocado a un nuevo déficit o a una subida de cargos y peajes, salvo que el Gobierno plantee medidas adicionales, entre las que estaría la publicación de una nueva Orden de Cargos. Ya a estas alturas del texto, al lector no le sorprenderá saber que esta misma Orden se debería haber aprobado el pasado enero como fecha límite, conforme a la legislación que el propio Gobierno socialista había redactado en el RDL 1/2019.

A manera de conclusión y como ya se anticipaba en el título, a veces el refranero español puede ser una guía básica de la acción gubernamental y, del mismo modo que saldremos de esta crisis con mejores hábitos y enseñanzas, deberemos expresar una mayor exigencia de rigor en todas las cuentas públicas, porque no debemos olvidar que "donde falta la previsión, faltará provisión".

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