Presionado por las comunidades autónomas y ayuntamientos que tienen ya o ultiman sus propios planes, acorralado por las críticas y las denuncias de los medios de comunicación independientes, inquieto por las caceroladas y la reprobación mayoritaria en la redes sociales y relegado en el concierto de la UE; Pedro Sánchez anunciaba en su habitual comparecencia de los sábados un plan de desescalada del confinamiento, cuyos plazos, normas y medidas aplazó hasta el Consejo de Ministros de este martes.
Un desconfinamiento malgre lui, como el médico de Molière. Es decir, a su pesar, porque dirigentes socialistas comentan que la intención del jefe del Gobierno era prorrogar la cuarentena hasta final de mayo. Sólo las presiones externas "le han forzado a moverse y romper la indefinición y la improvisación permanente en la que estaba". De hecho, Sánchez dio la callada por respuesta cuando en la rueda de prensa posterior a su homilía se le preguntaba si tenía previsto volver a solicitar al Congreso una nueva prórroga del Estado de Alarma.
Profesionales de la judicatura y catedráticos de Derecho Constitucional denuncian que estamos ante "la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia".
Es notorio que Sánchez y su socio Iglesias se encuentran cómodos en esta situación de confinamiento que les permite gobernar por decreto, sin apenas someterse al Parlamento ni rendir cuentas a la oposición, con la Justicia prácticamente paralizada, controlando la libertad de expresión y sin respuesta de la calle porque tiene recluida a una ciudadanía que, hasta ahora, ha respondido con serenidad y disciplina, y a la que mantiene en situación de arresto domiciliario mediante un régimen excepcional que muchos profesionales de la judicatura y del derecho consideran que confunden la legalidad.
De hecho un grupo de juristas entre los que se encuentran los catedráticos de Derecho Constitucional Carlos Flores Juberías y Carlos Ruiz Miguel, ha presentado un escrito al Defensor del Pueblo solicitando que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto del estado de alarma. Afirman los firmantes que asistimos a "la más grave suspensión de derechos constitucionales de la historia de nuestra democracia" y denuncian que "el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades por la suspensión generalizada, universal, y permanente de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución", no tiene cobertura "jurídico-constitucional en el estado de alarma" y se corresponde más con los supuestos que la Carta Magna establece para el estado de excepción.
Esta presunta anomalía legal y los poderes que a través de ella se ha arrogado el Sánchez hacen crecer la sospecha de que esta sea una de las razones por la que España es hoy el único país de nuestro entorno que todavía no ha definido una hoja de ruta para el desconfinamiento, como ya han hecho Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, e incluso Italia. Mientras que Pablo Casado y el resto de líderes constitucionales deberían reflexionar seriamente sobre la conveniencia de seguir apoyando nuevas prórrogas del Estado de alarma, alegando una "lealtad" que le niegan los socios de investidura del Gobierno.
Sánchez y su socio Iglesias se encuentran cómodos en esta situación de confinamiento que les permite gobernar por decreto, sin apenas someterse al Parlamento ni rendir cuentas a la oposición.
La lealtad más importante que los responsables políticos han jurado o prometido defender es con España, con la democracia, con la Constitución y con los españoles. Y a esas lealtades se deben atener antes de decidir sus apoyos incondicionales a un Gobierno que a través del Estado de Alarma puede estar encendiendo la alarma en el Estado de Derecho y en las libertades.
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