Desde el 14 de marzo, los españoles tienen reducidos sus derechos fundamentales en aplicación del estado de alarma aprobado por el Parlamento de acuerdo con lo establecido en el artículo 116 de la Constitución española. España tenía entonces 4.231 contagiados y 121 fallecidos. Hoy, cuando esto se escribe, según los datos oficiales, se cuentan más de 200.000 contagios y los fallecimientos superan los 21.000.
Han sido dos las prórrogas del estado de alarma y, como anunció el presidente del Gobierno viene una tercera, porque todavía no es el momento de abrir las puertas, sino de mantener los servicios esenciales y dejar que otras actividades vayan comenzando poco a poco. Nada se dice de cómo se hará, dando la impresión de que la estrategia que se sigue es la gestión del día a día. Mientras, la economía va deslizándose por la peligrosa pendiente de cierre por inactividad. Un peligro que el propio Banco de España pone la caída del PIB, en 2020, por encima del 13 por ciento si no se acometen con rapidez medidas correctoras. De ser así, llevaría a la quiebra a decenas de miles de empresas, con un desempleo inasumible en términos económicos y sociales.
El Gobierno utiliza mecanismos confiscatorios para imponer un pensamiento único
Con los extraordinarios poderes que confiere al Gobierno el estado de alarma, que han sobrepasado lo que esa circunstancia permite según lo indicado por la Constitución, se han puesto en marcha en paralelo una serie de acciones que cercenan claramente la libertad de los ciudadanos. Al obligado confinamiento en los domicilios de la inmensa mayoría de la población y a la paralización de las actividades económicas, se ha puesto en marcha una política de control informativo que utiliza prestigiosas instituciones que están pensadas para perseguir delitos y no opiniones, tal como asevera el artículo 20 de la Constitución Española, que reconoce y protege el derecho a "expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción". Donde, además, se obliga a respetar la pluralidad de la sociedad española, sin que se restrinja tal derecho mediante ningún tipo de censura previa. Considerando, por supuesto, los límites que determina el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia, para lo cual están los tribunales de justicia. Una circunstancia que pasa por alto el Gobierno utilizando mecanismos confiscatorios a la libertad de expresión con la imposición unilateral de lo que es o no es información veraz, o lo que entiende que va en contra de su gestión; tratando de imponer un pensamiento único que creíamos olvidado hace muchísimos años.
Es esencial que se abra ya la actividad económica sin cortapisas del Estado
Es indispensable volver a Camino de servidumbre de Friedrich Hayek para alertar sobre lo que está sucediendo. En este caso, al capítulo 11 que se titula: El final de la verdad; donde comienza con una frase que bien podría aplicarse a la situación actual: "El camino más eficaz para hacer que todos sirvan al sistema único de fines que se propone el plan social consiste en hacer que todos crean en esos fines". A lo que añade: "Para que un sistema totalitario funcione eficientemente no basta forzar a todos a que trabajen para los mismos fines. Es esencial que la gente acabe por considerarlos como fines propios". No seguiremos con otros ejemplos. Manipular la información es una estrategia esencial para imponer un sistema de pensamiento único. Este capítulo de Hayek, como todo su libro, es una denuncia contra lo que significa la pérdida de la libertad y la puesta en marcha de sistemas colectivistas que atentan sobre su existencia. Algo que parece estar instalando el Gobierno de España si nos atenemos a las múltiples declaraciones gubernamentales de los últimos tiempos, en los que la ineficacia en la toma de decisiones para paliar los efectos de la pandemia deja traslucir otros objetivos de control social que parecen unirse a un intento de estatalización de la economía. Aparte de las constantes manifestaciones de varios ministros del actual Gobierno, han aparecido voces tan autorizadas en el mismo sentido como la de Josep Borrell, vicepresidente y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común. En este caso, Borrell ha sido contundente en recomendar la nacionalización temporal de empresas. Un concepto que, pensado como temporal, siempre acaba siendo, en lo político, permanente.
Sin libertad no es posible ni generar ni repartir riqueza. Sin libertad no es factible una actividad empresarial libre. Sin libertad, sólo cabe el control del Estado en todos los aspectos de la vida. Sin libertad, surgen los totalitarismos. Y lo más preciado para que haya libertad es la libertad de información y de opinión. Sin libertad personal no es posible la actividad económica libre. Pues sin libertad se acaba con la iniciativa privada. Y sin iniciativa privada sólo queda el control del Estado y de aquellos que acaban adueñándose de él. Es urgente terminar con el estado de alarma cuanto antes. De otra forma se acabará en la alarma del Estado, que puede terminar en las manos de aquellos que buscan confinarlo en sus intereses al igual que buscan hacerlo con la población. Es esencial abrir la actividad económica sin cortapisas del Estado. El Estado ha de ser únicamente el garante de la libertad ayudando con los instrumentos que le otorgan los ciudadanos para que la actividad privada pueda seguir su libre camino. Como dice el artículo primero de la Constitución: España es un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y así debe seguir siéndolo.
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