El Gobierno ha demostrado una total ineficacia en el diseño del estudio epidemiológico que determinará el grado de inmunidad que la sociedad española presenta al coronavirus.
Se trata de un ensayo clínico de suma importancia tanto por su envergadura (se harán 62.000 tests) como por su alcance posterior. No en vano el resultado es clave para pautar la reactivación económica tanto por plazos como por territorios. Pese a su gran relevancia, el estudio ha sido víctima de continuos retrasos. El primer plazo fijado para obtener resultados, mediados de mayo, quedó hace semanas obsoleto. Es más, tampoco se cumplirá el objetivo de iniciar los trabajos el próximo lunes, dado que, sorprendentemente, todavía no está definida la coordinación con las autonomías. Es responsabilidad de Sanidad situar al país ante una disyuntiva crítica: o bien empezar la desescalada a ciegas, sin conocer el verdadero alcance actual de la epidemia, o esperar al 20 de junio, la nueva fecha estimada como más probable para conocer los resultados. Este último plazo resulta simplemente inasumible. Basta consultar el más reciente informe del Banco de España para convencerse de que extender el confinamiento más allá de mayo supone dejar la economía en animación suspendida prácticamente todo el verano, y abocar al PIB a una recesión de dimensiones históricas. La caída sobrepasaría el 13% sólo en este ejercicio, de acuerdo con el supervisor.
El plazo del 20 de junio para conocer los resultados del estudio epidemiológico aboca a la economía a una debacle
Se trata de un precio demasiado alto que costará años pagar. Las precauciones deberán reforzarse, pero resulta ya ineludible poner todos los medios a trabajar para que el estado de alarma termine el próximo día 9 y la reactivación económica empiece en mayo. El retraso en el estudio epidemiológico no puede servir de excusa para prolongar aún más los plazos.
