La banca privada española ya no sólo recibe consultas sobre el posible traslado de fondos más allá de nuestras fronteras. Ya son varias las entidades a las que acuden clientes con la intención de mover activos a filiales en Luxemburgo.
Se trata de una operativa plenamente legal e incluso previsible. No en vano crecen las sospechas de que la perpetuación del estado de alarma sirve de coartada para la violación de derechos fundamentales. En este contexto, se muestran cada vez más factibles las amenazas del vicepresidente Iglesias sobre nacionalizaciones que afecten a empresas y particulares. La irresponsabilidad del líder de Podemos aboca a la economía española a una pérdida de confianza y a una caída peores que las ya desencadenadas.
