El Banco de España alerta sobre el daño histórico que se cierne sobre nuestra economía. Según el supervisor, si la normalización de la actividad se demora aún hasta junio es posible una contracción del PIB del 13,6% sólo en 2020, a la que acompañarán un tasa de paro superior al 21% y un nivel de deuda pública equivalente al 120%.
El Banco de España dibuja así un panorama aún peor que el bosquejado por el FMI (que ya descuenta una recesión del 8%) o por los propios inversores. No en vano, pese a tratarse de una crisis global, la caída de la bolsa española es seis puntos superior a la propia del mercado europeo. Causa estupor que, pese al aluvión de previsiones alarmantes, el Gobierno carezca aún de una hoja de ruta económica. Mientras Alemania comenzó su desescalada (sin descuidar las precauciones necesarias), el horizonte de nuestro país se reduce a la prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo y la sucesión de "otros estados de alarma", en palabras del presidente Sánchez, superada esa fecha. Tras 40 días de suspensión ininterrumpida de libertades, es inaceptable que esta anomalía se perpetúe, hasta degenerar en un estado de excepción encubierto.
La alerta económica y los indicios de violación de derechos fundamentales exigen que esta medida extrema concluya
Resulta falso que la necesidad de mantener aún restricciones a los desplazamientos justifique la permanencia sine die de una medida tan extrema. Hay recursos legales mucho menos lesivos para el Estado de Derecho que permiten imponer confinamientos si la lucha contra el virus lo requiere. El estado de alarma debe terminar ya. Lo exigen los graves indicios de violaciones de libertades fundamentales que ya existen en varios ámbitos (como el informativo), y la acuciante necesidad de evitar un desastre sin parangón en la economía española.
