El Portal de Transparencia, la plataforma digital destinada a la rendición de cuentas del Estado (especialmente de sus contrataciones), tiene pendientes de contestar casi 1.500 solicitudes de datos desde marzo.
El Gobierno se escuda en la declaración del estado de alarma pero, como la organización Transparencia Internacional subraya, la información puntual sobre las actuaciones de interés público continúa siendo una obligación de las instituciones democráticas. Es más, ante fallos y demoras tan graves como los que se han producido en suministros ahora básicos, como la compra de tests y material sanitario, es inaudito que aún se oculte la identidad de los proveedores con los que el Ejecutivo trabajó. La actual epidemia no puede servir de excusa para limitar el derecho a la información.
