Las ayudas del Gobierno para los autónomos ante la crisis del coronavirus ya están aprobadas, pero miles de trabajadores por cuenta propia siguen desamparados, por culpa de barreras puramente administrativas. Es el caso de la prestación por cese de actividad.
Su normativa estableció una lista de sectores cuya parálisis forzada les da derecho a cobrar ese subsidio. Muchos ámbitos profesionales quedan fuera de ese reconocimiento por parte de las mutuas, pese a que también se hallan inactivos porque los clientes no pueden acudir a sus establecimientos o clínicas. Su única solución es demostrar que en marzo pasado cayeron sus ingresos un 75% respecto al semestre anterior. Pero ésa es misión casi imposible considerando que la epidemia no afectó a todo el mes. En otras palabras, estos autónomos tienen que esperar a que su deterioro sea mayor para acceder a una ayuda que debería servir para evitarles ese mismo daño. Paradojas semejantes se plantean en la moratoria hipotecaria para afectados por la actual crisis. El real decreto establece el obligado cumplimiento de unas condiciones que sólo alcanzan, en su totalidad, al 10% de los posibles beneficiarios. Siguiendo en el sector financiero, resulta inaudito que el primer tramo del programa de avales públicos se agotara en un día y el Gobierno no tenga aún fecha para continuarlo. Lejos de tratarse de una renovación automática, habrá que esperar a un análisis de datos del Ejecutivo, pese a las reclamaciones de que se liberen ya las nuevas garantías por parte de los bancos.
Recursos como la prestación por cese de actividad se vuelven inalcanzables para gran parte de las empresas
Todas estos recursos ya nacieron lastrados por su tardía aprobación. Pero es, sobre todo, la asfixiante burocracia en su aplicación lo que acaba de minar toda su posible eficacia.
