El 5 de junio de 1981 el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comunicó que había cinco casos de neumonía por Pneumocystis carinii en Los Ángeles. Era el SIDA o peste rosa, así llamada porque los infectados mostraban sobre la piel unas manchas de color rosa. Pronto se vio que padecían la enfermedad sobre todo cuatro grupos de individuos: los homosexuales, los inmigrantes haitianos, los usuarios de drogas inyectables y los receptores de transfusiones de sangre.
El problema es que no se sabe cuántas personas han sido realmente infectadas
En la pandemia actual no se han hecho discriminaciones, lo cual tiene la ventaja del trato igual a los enfermos pero tiene el inconveniente de tratar a sanos e infectados de igual modo. Casi nadie se ha atrevido a señalar este problema porque citarlo es políticamente incorrecto, aunque ha habido notables excepciones. Por ejemplo, la de Fernando del Pino, que escribió la semana pasada lo siguiente:
"El modelo de contención tardía implantado en España aísla con medidas draconianas de enorme impacto social y económico a sanos y enfermos por igual porque se ha perdido el control y se ignora quién está contagiado. Al reaccionar tarde, el sistema de salud se colapsa en los focos locales, lo que aumenta significativamente la mortalidad".
El artículo comenzaba afirmando que la gestión de la pandemia por parte del Gobierno español era probablemente la más calamitosa del mundo, y opino que razón no le faltaba. La prueba es Corea del Sur y también Singapur, donde, después del primer caso, se aisló a los contagiados y sus contactos, con lo que se controló la situación enseguida, con escaso impacto social y económico.
La manifestación feminista del 8 de marzo fue un delito contra la salud pública
En un manifiesto dirigido por el catedrático galaico francés Juan Calaza se denuncia un hecho evidente: las autoridades españolas no han tenido en cuenta para nada los terribles efectos económicos del encierro o cuarentena. Claro que tampoco hicieron el menor caso para preparar la invasión, como, por ejemplo, comprar material imprescindible para los sanitarios. Espero que algún día tengan que responder por esas y otras barbaridades (¡lo de la manifestación feminista del 8 de marzo fue un delito contra la salud pública!).
El gobierno tampoco ha tenido en cuenta un dato decisivo: el 87% de los fallecidos a causa de la epidemia tiene más de 70 años. Para algunos notables profesionales, como John P.A. Ioannidis, los datos suministrados por distintos gobiernos y la OMS son un completo fiasco en cuanto a la confianza que podemos depositar en ellos. La principal laguna es que no se sabe cuántas personas han sido infectadas y sin información fiable se comenten monumentales dislates. Ejemplo canónico de dislate: los estados de alerta. Lo cual no se ha hecho en países que confían en la responsabilidad personal. Guantes y mascarillas, incluso de fabricación casera, son medidas de prevención eficaces.
Además, eso de "aplanar la curva", de lo cual nos hablan todos los días, son pamplinas, pues no se conoce la verdadera tasa de letalidad del virus. Tampoco el intimidatorio modelo matemático del Imperial College de Londres se basa en datos sólidos, de ahí que dispare en todas direcciones esperando acertar en alguna.
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