El 80% de los trabajadores que se han visto afectados por un Erte en marzo (cerca de 3,2 millones en total) verán retrasado el cobro de su prestación de paro. La causa estriba en el colapso que sufren los Servicios de Empleo y que ha hecho que, actualmente, menos del 20% de esos expedientes estén ya tramitados.
La situación es tan grave que Trabajo pide ayuda a los bancos para que aceleren en mayo este desembolso y no sea necesario esperar al día 10. Con todo, es muy probable que los pagos se demoren a las primeras jornadas de mayo y el final de abril se complique así aún más para miles de trabajadores. Lamentablemente, esta demora no constituye un hecho aislado, sino que se aprecia en otros ámbitos clave de su acción contra la histórica crisis que el coronavirus desató. Fue clara en la puesta en marcha de la moratoria de los pagos a la Seguridad Social de los autonómos. Tanto tardó que su anuncio se produjo en el mismo día que estos trabajadores ya hicieron efectiva su cuota relativa a marzo. Ha ocurrido también con el programa de avales públicos. Su primer tramo no estuvo disponible hasta ayer y ya se encuentra agotado. En cerca de un mes desde que se proclamó el estado de alarma, ésta ha sido la única medida destinada a asegurar la liquidez que se ha hecho efectiva (descontada la línea Thomas Cook, de baja cuantía y focalizada en el sector turístico).
Las demoras en la puesta en marcha de decisiones, tras un mes en estado de alarma, se ha convertido en la norma
Se trata, en suma, de una acción tardía, a menudo marcada por la improvisación, en la que se revelan los fallos de decisiones que no han sido coordinadas con la oposición, los agentes sociales o los expertos, ni siquiera en medidas de tanto calado como el parón de la actividad industrial. Deficiencias así amenazan con provocar daños aún más graves en la economía.
