El Gobierno recurre a un masivo sistema de localización para seguir a los ciudadanos a través de su móvil. El Ejecutivo aduce necesidades de control sanitario, y que los datos son anónimos. Ahora bien, el sistema rastrea cualquier terminal, aunque esté apagado o carezca de conexión a internet.
Así es muy fácil descubrir a su titular: basta con exigirlo a los operadores, para lo que no se requiere permiso judicial. Ante la emergencia actual, la UE permite el recurso a estos mecanismos. Ahora bien, la Unión y los países miembros deben asegurar un estricto control de esta herramienta, pues es capaz de violar los principios que todo Estado de Derecho protege. En ningún caso, se puede permitir un uso que desborde los límites que la actual situación excepcional marca.
