Es difícil prever cómo se producirá el regreso de la actividad política y económica a la normalidad, una vez levantado el estado de alarma (ahora prolongado hasta el día 26). El presidente Pedro Sánchez confirmó el sábado que las restricciones se anularán de forma gradual, sin dar más detalles.
Ahora bien, existe el temor entre los juristas a que ciertas limitaciones de derechos, especialmente los que competen a los desplazamientos y al seguimiento de ciudadanos por parte de las autoridades, puedan disfrutar de vigencia durante más tiempo, aun cuando la urgencia provocada por la epidemia de coronavirus haya remitido. De hecho, el sector del Gobierno perteneciente a Podemos ejerce presión sobre el presidente y los ministros del PSOE para obtener su aprobación a una prórroga de este tipo. La preocupación de los expertos se halla justificada. El actual estado de alarma ha amparado disposiciones muy duras, más propias de situaciones de conflicto armado. Esa realidad ya puede generar, por sí sola, importantes litigios legales contra el Ejecutivo. El posible conflicto aún se agravará más si algunas de tales disposiciones disfrutan de una duración injustificada. Con todo, lo más pernicioso sería el hecho de que se diera continuidad a una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y a un control injustificado de sus actividades, incluidas las económicas.
Urge atajar la tentación de que los controles excepcionales sobre los ciudadanos rebasen la vigencia del estado de alarma
El vicepresidente Iglesias ya ha buscado aprovecharse de la actual crisis para intentar justificar medidas tan extremas como nacionalizaciones de bienes particulares y empresariales. La epidemia tampoco puede servir de excusa para amparar controles fuera de lugar en una democracia y en una economía de mercado.
