El Gobierno tuvo que pedir perdón por el modo en que implementó la obligación de parar las actividades no esenciales, con un tardío decreto en la noche del domingo, y por la confusión creada sobre su alcance. A esta situación contribuyó en gran medida la falta de diálogo previo con las empresas, y es lógico el malestar de las patronales.
Sorprende que no se les consulte sobre una medida que les afecta directamente (ya que corren con los gastos del permiso retribuido a los trabajadores). Pero, además, no se entiende que el Gobierno dinamite las vías de comunicación que mantenía con los empresarios. Una crisis histórica como la actual debería dotar de aún más valor al diálogo social, muy por encima de decisiones unilaterales que dañan la economía.
