El Gobierno celebró ayer el Consejo de Ministros que concreta la letra pequeña del plan de choque económico del Gobierno ante la crisis del coronavirus. Pese a las expectativas, la falta de novedades fue la característica de lo anunciado. Como se esperaba el programa de avales públicos, por un valor total de 100.000 millones, inicia su andadura.
Lo inaugura una línea de 20.000 millones en la que el Estado asumirá entre el 60 y el 80% de las garantías. Los bancos, por su parte, harán suyo el coste íntegro del aval (que oscila entre el 0,2 y el 1,2%) que se aplicará tanto a la concesión de nuevos créditos a las empresas, como a la renovación de los ya vencidos (quedan excluidas, por tanto, las refinanciaciones). Más allá de las necesarias inyecciones de liquidez, la ausencia de novedades resulta especialmente llamativa en el ámbito fiscal. El Ejecutivo desoyó a las patronales y nada avanzó sobre una moratoria en el calendario de obligaciones fiscales. Todo sigue así reducido a flexibilizar los aplazamientos de, como máximo, 30.000 euros que la legislación contempla desde hace ya años. De poco sirve ese recurso en una situación excepcional como la actual cuando, además, las firmas se enfrentan a la obligación inminente, con fecha 20 de abril, de hacer sus declaraciones de IVA y de retenciones del IRPF. Pese a las existencia de medios electrónicos, la cuarentena plantea ímprobos problemas logísticos en el mero cumplimiento de lo trámites, ya que miles de ellas están cerradas por imperativo legal.
Sorprende que el Ejecutivo desoiga a las patronales y no recurra a una verdadera moratoria fiscal para las firmas
Pero, sobre todo, debe considerarse el esfuerzo económico que estos pagos les supondrán en un momento en que su actividad se paralizó. La falta de una moratoria fiscal amenaza con agravar aún más su ya crítica situación.
