España cuenta con más de 1.500 vertederos ilegales. Se trata de superficies que transgreden la normativa europea en aspectos tan básicos como controlar la procedencia de los residuos o poner un límite racional al volumen de estos últimos que pueden acoger.
Las Administraciones ya tienen a su alcance medios para solucionar este problema. Además de mejorar los procesos de reciclaje, bastaría con articular una iniciativa semejante al Plan Nacional de Residuos de 2004, que logró cerrar 4.000 instalaciones ilegales de este tipo. Tales iniciativas deben ponerse en marcha, no sólo para esquivar multas como las tres que ya impuso a España la UE, desde 2015, por esta deficiencia. Más urgente resulta evitar tragedias como la vivida en Zaldívar.