La semana de la inauguración de la mesa de negociación entre España y Cataluña, de igual a igual, nos ha dejado por la puerta de atrás desagradables sorpresas, no por esperadas menos negativas.
Mientras en La Moncloa las dos delegaciones conversaban sobre la soberanía de una parte del pueblo español sin contar ni con la presencia ni con la voz de la otra parte, en el Congreso iban compareciendo los miembros del gobierno para explicar las líneas generales de actuación de sus departamentos en los próximos años, si es que la legislatura llega a desarrollarse en el tiempo, cosa que parece confirmarse con el baile pegados de Sánchez y Esquerra Republicana: en un pase del baile yo te permito la foto de la vergüenza, en el siguiente tú me apruebas la senda de déficit, gesto que te correspondo mirando hacia otro lado para que Junqueras salga de prisión y pueda desarrollar con total libertad fuera de sus instalaciones todo lo que ha venido haciendo dentro.
No lo habrán visto en los grandes titulares, pero en ese desfile de ministros por las Cortes se ha ido concretando el plan de ahogamiento preparado contra los ciudadanos españoles por las subidas fiscales que se ultiman en los despachos del poder. El aumento del gasto público que, de tapadillo, se ha incluido en el cuadro aprobado el jueves, es un elefante al que hay que dar de comer. Los nuevos impuestos verdes caerán en cascada, y la subida de los ya existentes dejará en entredicho la auto exigencia de Sánchez de que la presión impositiva sólo afecte a los ricos, a las rentas más altas que se cifraron en 130.000 euros anuales. Los fumadores serán de los primeros en comprobarlo con la subida de los impuestos al tabaco, una de las sorpresas del nuevo orden fiscal que se avecina.
Si se interviene en uno de los aspectos esenciales de la propiedad, que es su valor, eso supone un intervencionismo parecido al de las dictaduras comunistas
El achicharrado ministro José Luis Ábalos se dejaba caer por allí dando forma a uno de los muchos peajes que el PSOE tiene que pagar por ostentar el gobierno de España. Una medida obsesiva de Podemos, cuya recuperación demuestra que la presión de esta fuerza política en el seno del gobierno es tan fuerte que sus ministros van marcando la agenda a los socialistas. Se nos anuncia una nueva figura legal para regular el precio máximo del alquiler de viviendas, rompiendo la libertad de mercado y vulnerando el derecho a la propiedad. Porque si se interviene en uno de los aspectos esenciales de la propiedad, que es su valor, eso supone un intervencionismo parecido al de las dictaduras comunistas. De poco le sirve a quienes lo defienden explicarles que los estados norteamericanos que han limitado los precios lo que han hecho es contener el aumento anual a un 5%, como el Estado de California, y no poner un precio máximo.
La medida parte de una idealización del mercado rayana en lo utópico, y en la consideración de la vivienda como un bien casi inmaterial que corresponde poseer a todos los ciudadanos como un derecho inalienable. Recorta la capacidad de acción de la iniciativa privada y cuestiona los pilares más sólidos de la economía de mercado. Si lo que se quiere es un modelo económico intervencionista, este es el camino.
Las medidas que Ábalos ha apuntado serán más negativas aún: más suelo público para viviendas, un plan de construcción de viviendas... y el temible control de los precios
Por supuesto quienes lo defienden ignoran la función social de los propietarios que invierten sus ahorros, fruto del sacrificio realizado durante muchos años, y ponen a disposición de la sociedad los bienes de su propiedad, permitiendo acceder a una vivienda a familias que no pueden adquirirla. De lo contrario su dinero estaría parado en cuentas corrientes bancarias, o invertido en fondos especulativos de esos que tanto rechazo le provocan al actual gobierno. Y por supuesto no puede en modo alguno atribuírsele a los propietarios la carga del derecho a la vivienda de aquellas familias que no puedan tener acceso a este derecho fundamental. Lo que se pretende es que los ahorradores que ponen su vivienda al alquiler sean los culpables y los pagadores del problema social de acceso a la vivienda que hay en España, de forma que el Estado y el gobierno se vean eximidos de cualquier responsabilidad.
El problema no es de regular los precios, sino de oferta. Donde más "tensionado" está el precio del alquiler es donde menos viviendas disponibles hay para alquilar. Las medidas que Ábalos ha apuntado serán más negativas aún: más suelo público para viviendas, un plan de construcción de viviendas... y el temible control de los precios. Con ese control le harán un favor impagable a los inquilinos con rentas más altas (por ejemplo, a los "ricos" que ganan más de 130.000 euros), que preferirán aprovecharse de los precios controlados de una vivienda en alquiler ahorrándose una parte de sus elevados salarios. ¿O se establecerá también una clasificación de inquilinos según su renta?. Destruirán además la escasa promoción privada de construcción de nuevas viviendas, dañando así a un sector clave que ya ha demostrado el terremoto que puede causar si entra en declive. Invitarán a muchos pequeños propietarios a retirar del mercado su propiedad al no ser rentable, al no poder cubrir los gastos que genera con los ingresos del alquiler. Y provocarán que los propietarios que pese al control de los precios aún quieran ofrecer su propiedad para alquilarla, retraigan las cantidades que hasta ahora destinaban al mantenimiento y la mejora de su propiedad, que irá devaluándose hasta no ser atractiva ni siquiera para aquellos a los que PSOE y Podemos dicen proteger.
