El foro de negociación entre el Gobierno central y la Generalitat se inició con la entrevista en Moncloa de Pedro Sánchez y Quim Torra. Desde el inicio, las expectativas del encuentro han sido escasas, dado que no contó con orden del día y Torra se ha afanado por hacer alarde de sus reivindicaciones de máximos (al reclamar un referéndum y la amnistía para los presos del 1-O).
No obstante, desde principios de febrero, está sobre la mesa la Agenda para el reencuentro del Gobierno central, en la que se expresa el compromiso de avanzar hacia la "autonomía financiera y fiscal" de Cataluña. Casi un mes después de formularlo, falta una aclaración sobre el alcance de este compromiso en el que cabría aún incluso su modalidad más extrema; en concreto, un concierto económico catalán, semejante al propio del País Vasco. Es por ello lógico que, en el resto de las autonomías de régimen común, se genere una preocupación como la expresada por el presidente Alberto Núñez Feijóo en el Foro Innovación de la industria gallega, organizado por elEconomista. En palabras del dirigente popular, existe una clara contradicción entre el propósito de hacer esfuerzos para mejorar la situación financiera catalana, mientras se toman "medidas incomprensibles" que perjudican al conjunto. Es el caso de los 2.500 millones pendientes de liquidar en concepto de recaudación del IVA. Se trata de una partida pendiente desde 2017 que Hacienda, sin justificación, se niega a liberar. Con todo, más allá de este caso concreto, resulta de mayor gravedad la posibilidad de crear un Estado de las autonomías asimétrico. La posible mejora financiera de una autonomía no puede hacerse a costa de un recorte sistemático de los recursos del resto de los territorios.
