La seguridad en sí mismos que muestran el nuevo gobierno de coalición progresista y su presidente en estas primeras semanas de gestión es un hecho comprobable en cada comparecencia, en cada declaración, en cada sesión parlamentaria. Una confianza que se apoya en la mayoría suficiente que sostiene al ejecutivo, aunque repara más bien poco en el riesgo de múltiples rupturas que puedan producirse en cualquiera de las direcciones hacia las que apuntan los integrantes de esa mayoría sin precedentes.
Dicho de otra manera: los gestos de altivez no están apoyados en un sustento estable que permita al equipo de Pedro Sánchez presentar sus medidas y disposiciones como decisiones coordinadas, meditadas, consensuadas y aceptadas por todos los variopintos actores que intervienen en el equilibrio gubernamental. Todo lo contrario, esa actitud sobrada tiene los pies de barro como esta semana se ha demostrado en un puñado de asuntos, cuyas dificultades han revelado que la imagen de aparente seguridad intenta tapar la verdadera estampa de lo incierto. Lo contrario a aquello que es aconsejable en política.
Las facturas acumuladas por el presidente van presentándose puntuales tal y como vencen, y serán cada vez más. Sánchez ha comprobado estos días quién manda realmente en su gabinete y quién influye decisivamente en él de forma que queda maniatado hasta para poner fecha a una reunión. La vida del presidente en La Moncloa depende de la vida de los otros, los que le auparon al poder con objetivos muy diferentes a los que él debería tener.
La reforma de la ley de asilo, por ejemplo, un cambio que viene condicionado por las decisiones tomadas en la UE, se retrasa porque Podemos lo decide. El ministro Grande Marlaska trabajaba en el borrador del texto, para endurecer las condiciones de acceso a la condición de asilados a los refugiados que lo reclamen, tal y como España y el resto de países decidieron. La mera protesta interna de la facción morada del gobierno ha retrasado sin fecha esa reforma. Pero antes o después será obligatorio tramitarla.
La ley de libertad sexual que prepara a toda prisa la ministra de Igualdad ha sido el segundo capítulo en el que Podemos ha marcado territorio. Moncloa tuvo que transigir sobre los delitos sexuales, que plantea Irene Montero pese a que impliquen una reforma del Código Penal, y sobre la fecha de presentación que tiene que coincidir con el Día de la Mujer por expreso deseo de la ministra. A golpe de rectificación, y tomando prestada parte de la vaselina que ya utilizan los barones socialistas, el presidente apaga los incendios sabiendo que no puede imponer su criterio por cuestiones aritméticas.
El abordaje de la crisis de los agricultores va por parecido camino. Nombrado un ministro de Agricultura que debería ser el interlocutor con el sector, el vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo Yolanda Díaz están robando el plano a la parte socialista del gobierno, sin resistencia alguna. Lo hacen sin aportar hasta ahora una sola medida resolutoria de este conflicto, pero poniéndose del lado de los manifestantes y animándoles a seguir cortando carreteras para protestar... contra ellos mismos. Todo ello regado generosamente de declaraciones e impostaciones sobre la armonía en la que trabajan los veintitantos ministros.
Los toques de corneta dirigidos al presidente han venido también de la Generalitat. La mesa bilateral de gobiernos sobre Cataluña comenzará el día que ha decidido el presidente catalán inhabilitado, y no en la fecha designada por la instancia superior que es la presidencia del ejecutivo central. La cercanía de la negociación sobre los Presupuestos ha obligado a Sánchez de nuevo a echar cuentas y rectificar otra decisión ante las exigencias de las formaciones políticas de las que depende su mandato.
