El Consejo de Ministros publicó la nueva senda de déficit hasta 2023 que, tras obtener la aprobación de Bruselas, debe cimentar los Presupuestos de 2020. Como era previsible, la nueva hoja de ruta suaviza notablemente los compromisos con respecto a las metas fijadas, y aún vigentes, del último Gobierno del PP.
Hacienda ofrece que el déficit público se sitúe este año en el 1,8% del PIB, muy por encima del 0,5% con el que la UE contaba hasta ahora, para luego ir rebajándolo hasta el 0,9% en 2023. Es posible que la Comisión acepte esta revisión, pero lo hará con condiciones. De hecho, el Gobierno es consciente de que sigue en pie la exigencia de llevar a cabo un ajuste en el déficit estructural, aquél que no depende de la evolución de la economía, de 8.000 millones (0,65% del PIB) entre 2019 y este año. Sin embargo, esa tarea no impide al Ejecutivo permitirse un muy fuerte incremento del gasto público, del 3,8%, tasa muy superior al avance del 0,9% que se espera para la inflación en este ejercicio.
El Gobierno hace recaer en las subidas de impuestos todo el esfuerzo para rebajar el déficit estructural en este ejercicio
Resulta claro, en consecuencia, que Moncloa fía en su totalidad el esfuerzo de ajuste en el déficit estructural al aumento de los ingresos, a través de las muchas subidas de impuestos (IRPF, cotizaciones, Sociedades, diésel...) que contempla. Un aumento de la presión fiscal de esta índole resulta contraproducente en cualquier escenario, pero aún resulta más arriesgada en un contexto como el actual, en el que la desaceleración es más intensa de lo previsto (la economía crecerá un 1,6% en 2020, dos décimas menos de lo hasta ahora esperado). Si a ello se suman los perjuicios que ya provocan otras medidas ya efectivas, como el precipitado avance del SMI, sólo puede temerse un daño más profundo para el PIB en los próximo futuro.
