La posibilidad de un adelanto electoral en el País Vasco en abril es cada vez más alta. Toda apunta a que en esa nueva legislatura se abordaría una ampliación de competencias que abarcaría una arraigada reivindicación del nacionalismo vasco: la gestión del sistema de pensiones en su territorio.
En otras palabras, sería el Ejecutivo autonómico el que se encargaría del pago de estas prestaciones a los jubilados de Euskadi. Hay expertos que temen que este paso implica el preámbulo de la ruptura del sistema de caja única de las pensiones. Según este mecanismo, todas los ingresos por cotizaciones sociales del país desembocan en una tesorería única y luego se reparten entre las autonomías según sus necesidades de pagos. El próximo futuro sería el peor momento para acabar con este protocolo. El rápido envejecimiento de la población hace que el desembolso en pensiones crezca más de un 6% mientras que las cotizaciones, incluso en años de fuerte crecimiento del PIB, apenas rebasen el 3%. Este problema es especialmente agudo en territorios muy envejecidos como Castilla y León o Galicia pero, en mayor o menor medida, afecta a la mayoría de las autonomías.
Apenas tres autonomías son capaces de afrontar por sí solas los desembolsos a los que tienen derecho sus jubilados
Por ello, la caja única resulta especialmente necesaria. Ese mecanismo garantiza que el superávit de ciertas áreas con altos niveles de inmigración de trabajadores jóvenes (especialmente Baleares, Madrid y Canarias) se emplee en garantizar los derechos de los pensionistas en los territorios que son deficitarios. La realidad demográfica, que se verá más deteriorada por la baja natalidad y la próxima jubilación de los integrantes de la generación del baby boom, hace cada vez más necesario un reparto de esta naturaleza.
