La transformación digital no es algo que únicamente atañe a la empresa privada. También como país debemos acometer ese cambio hacia una digitalización necesaria, que nos permitirá ser más competitivos en el mercado no solo europeo, sino global. En este caso, un buen tejido innovador en el ámbito de la tecnología es imprescindible, para proveernos de las herramientas necesarias para emprender con éxito ese camino del cambio.
Desde que en enero de este año España aprobara el proyecto de Ley para Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), más conocido como la Tasa Google, no han dejado de sucederse todo tipo de reacciones, tanto a nivel político como principalmente por la patronal tecnológica Ametic. Un impuesto que grava los servicios digitales de las compañías con una facturación de más de 750 millones a nivel global y de más de 3 millones en España, y que, según las previsiones del Gobierno, reportará a las arcas públicas unos 1.200 millones de euros, frente a los apenas 24 millones de euros recaudados por Hacienda de Google, Amazon, Facebook y Apple en 2017.
Gravar los servicios digitales supondrá un escollo para la competitividad de nuestras empresas
Esta iniciativa parlamentaria, todavía en tramitación y a la espera de resolver la situación gubernamental en nuestro país tras en 10N, se está valorando a nivel europeo, con Francia como país al frente del cerco a Google. De este modo el país galo, ha diseñado una ley por la que aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo o 25 en sus fronteras tengan un pago extra en su impuesto de sociedades. Esta medida ha supuesto conflicto entre Francia y Estados Unidos, país que ahora acaba de anunciar una subida arancelaria a varios productos europeos, según ha anunciado la OMC, y que afectará especialmente a la industria agroalimentaria española. Bajo este clima, la UE quiere empezar a invertir más en empresas europeas para poder crear opciones "reales" a Amazon y Google.
Es inevitable reflexionar acerca del impacto que este impuesto podría tener sobre el comercio digital, sobre todo si tenemos en cuenta que 19,4 millones de españoles de 16 a 65 años son compradores online habituales según un estudio del IAB, y que el comercio electrónico rozó en España los 40.000 millones en 2018 (un 29% más que en 2017).
El futuro del ecommerce resulta cuanto menos incierto bajo esta perspectiva. Si las empresas deciden finalmente repercutir el coste en el consumidor, como ya viene ocurriendo en Francia, donde a principios de agosto el gigante del ecommerce Amazon anunciaba el cambio de sus tarifas en productos para hacer frente a la tasa, es muy probable que el impacto sobre el consumo sea negativo. El aumento de precios disminuirá la competitividad de muchas compañías, que verán cómo su volumen de ventas disminuye. Sin embargo, esto también puede suponer una ventana de oportunidad para las compañías de menor tamaño, que podrían recortar su distancia con las grandes empresas al acercar posiciones en la guerra de precios.
Lo cierto es que a falta de una normativa ya no solo global, sino europea, los países de la Unión van tomando posiciones y se ha creado una clara división entre los que apuestan por potenciar el comercio electrónico y los que ven en la tasa Google una manera de proteger al consumidor.
Si queremos que España continúe su camino hacia la digitalización y gane puestos en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI), gravar los servicios digitales puede ser un verdadero escollo para la competitividad digital de nuestro país, pues nos pondría en desventaja frente a otros ciudadanos europeos. El Gobierno deberá valorar los pros y contras antes de dar el visto bueno definitivo a una normativa que afectará a nuestro presente, pero, sobre todo, a nuestro futuro.
