El Constitucional estima parcialmente el recurso que el PP presentó contra el real decreto que el Gobierno aporobó en marzo para hacer más accesible el alquiler residencial. En particular, queda anulada la medida con la que el antiguo Ministerio de Fomento buscaba adjudicar suelo de titularidad estatal a fondos privados, para que gestionen 20.000 viviendas de arrendamiento asequible durante 50 años. A priori, se trataba de una medida que contaba con importantes garantías a su favor.
De hecho, la fórmula de combinar titularidad pública con gestión privada de vivienda ya ha sido ensayada durante décadas en otros niveles de la Administración, especialmente el municipal. Además, se asemeja al protocolo de concesiones que se utiliza con éxito en el ámbito de las infraestructuras, por ejemplo, en las autopistas. Por todo ello, cabe aún la duda sobre si el Constitucional ha cerrado por completo la puerta a esta medida o cabe la posibilidad de que el Gobierno la salve con la reformulación de algunos de sus aspectos. La duda no se disipará hasta que el Tribunal haga pública la sentencia en su integridad. Hasta entonces, resultaría precipitado desecharla anticipadamente o, lo que aún sería peor, buscar en este fallo una excusa para impulsar medidas tan extremas como la intervención de los precios.
El revés del Constitucional a liberar suelo público para su gestión privada no debe verse como un aval al control de precios
Aun en el peor escenario, aquél en el que no sea legalmente posible la cesión de suelo público estatal, cabe buscar otras respuestas al problema del alquiler que no impliquen la intervención del mercado. Es el caso de la agilización de los permisos administrativos para edificar en terrenos ahora infrautilizados. Lo que en ningún caso se debe hacer es ejercer aún más presión sobre los alquileres con medidas que retraigan la oferta y la inversión.