El Gobierno declara el estado de emergencia climática, lo que supone implantar un protocolo de 30 medidas en 100 días. Entre ellas, la vicepresidenta Ribera contempla "medidas fiscales disuasorias" en las que todo apunta que se situará la elevación de los impuestos al diésel que Transición Ecológica baraja desde la pasada legislatura.
Esta motorización está en el punto de mira por sus emisiones de óxidos de nitrógeno, pero constituye un gran error olvidar su gran peso en el parque automovilístico español. No cabe invocar la protección del gasóleo profesional, ya que éste sólo amapara a vehículos de gran tonelaje. La realidad es que serán sectores enteros, como el distribuidor de pequeñas mercancías y miles de autónomos los que sufrirán este castigo fiscal.
