El gobierno eligió para su última rueda de prensa en viernes ensamblar las dos formas de comunicar que Pedro Sánchez ha elegido en estos casi dos años de presidencia: la de Isabel Celaá y la de la nueva portavoz María Jesús Montero. De la trascendencia impostada de la primera pasaremos a convivir una vez a la semana con la familiaridad teatral de la segunda, pero la sensación general es que las frases y expresiones para la posteridad no van a desaparecer de la sala de prensa del Palacio de la Moncloa en los 1.400 días que, según el presidente, va a durar el gobierno de coalición progresista.
Después del "no es no" de las investiduras pasamos al "solo sí es sí" para marcar territorio del lenguaje feminista, y de ahí a redefinir a las personas de raza negra como personas que están "racializadas". No son meros artificios del lenguaje, sino auténticos tips creados para favorecer una profunda transformación de la sociedad, escorándola hacia las posiciones de los dos partidos que comparten el gobierno. La última se ha pronunciado este viernes en la misma sala de Moncloa en palabras de la ministra de Educación: "No podemos pensar de ninguna de las manera que los hijos pertenecen a los padres". Contestaba así a la medida que se ha adoptado en el gobierno regional de Murcia para que los padres puedan decidir a qué actividades complementarias asisten sus hijos en sus centros escolares. La eterna discrepancia sobre el grado de autonomía que tienen las familias frente al sistema educativo o el poder superior del profesorado y las estructuras de ese sistema.
Según el neolenguaje, la expresión "mi hijo" quedará en desuso. La interpretación que del derecho natural hace Celaá convierte a los recién nacidos en seres autónomos que tienen derecho a ser tutelados por el Estado, al que ella representa: no se le recuerda a la dirigente bilbaína expresar semejante idea cuando los resortes del poder eran ocupados por Mariano Rajoy y José Ignacio Wert. Pero ahora sí, ha llegado el momento en que los niños y las niñas no son de sus padres, por lo cual el ministerio de Educación decide que deben recibir clases tuteladas sobre los más diversos asuntos, cuyo contenido lo deciden ella, el presidente y el vicepresidente. Esta vez no podemos ironizar como en aquél arrebato de Zapatero en defensa del cambio climático, cuando afirmó que "la Tierra pertenece al viento". Esta vez la cosa es algo más seria.
Existe una obsesión contra los derechos de los padres pretendidamente en beneficio de los menores de edad, aunque eso sólo disfraza las verdaderas intenciones de que el gobierno, el Estado y lo público acaparen cualquier capacidad de decisión y dejen a la unidad familiar reducida al enanismo
Lo cierto es que la exportavoz ha dejado pensamientos muy preocupantes en su bagaje político en primera línea. Sus palabras son un espejo de su ideología y miden con exactitud los centímetros de radicalidad con que la defiende. Ya dejó hace meses una interpretación inquietante de la Constitución al afirmar que "de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza". Por lo que vemos, existe una obsesión contra los derechos de los padres pretendidamente en beneficio de los menores de edad, aunque eso sólo disfraza las verdaderas intenciones de que el gobierno, el Estado y lo público acaparen cualquier capacidad de decisión y dejen a la unidad familiar reducida al enanismo. El artículo 27.3 de la Carta Magna defiende el derecho de los padres a elegir para sus hijos la formación moral acorde con sus convicciones, y la obligación de los poderes públicos de garantizarlo. Porque de lo que Celaá habla, igual que VOX en su medida aplicada en Murcia, es de las clases complementarias que tocan aspectos relacionados con la moral y las convicciones, no del resto de actividades sobre las que todos estamos de acuerdo.
Vox presupone que se va a adoctrinar a los niños en las escuelas públicas en materias que deben ser administradas antes por los verdaderos educadores que en la práctica tiene nuestra sociedad, los padres. Por eso exige allá donde condiciona la acción de gobiernos autonómicos, que sean los padres los que decidan si sus hijos deben o no recibir esas enseñanzas. Y el gobierno de coalición progresista presupone que con esa medida se lesionan los derechos de los escolares. Por eso decide judicializar el asunto, pese a su oleada desjudicializadora en otros ámbitos, y anunciar recursos en los tribunales a cuyos jueces está acosando con toda su artillería desde hace dos semanas, con el fin de que no molesten en lo posible a los partidos que han facilitado la investidura.
VOX quiere que los padres sepan lo que les cuentan a sus hijos en las horas en que no se les imparten asignaturas obligatorias. Y Celaá quiere que el Estado decida hasta el tipo se cepillo de dientes que usan los ciudadanos. Y en el fondo de todo este polémico asunto, la verdadera desgracia para el futuro de nuestro país: que ningún líder plantee con posibilidades de éxito un gran acuerdo por la educación, en el que no se politice ni se ideologice este tema trascendental para el futuro.
