La ministra Yolanda Díaz no sólo volvió a abogar por derogar esta semana la reforma laboral de 2012. Además, estableció una primer plan para hacerlo en dos tiempos. La insistencia de Díaz en este tema provocó que de los Ministerios de Economía, Hacienda y Seguridad Social surjan matizaciones que limitan los cambios a aspectos puntuales de la ley, y descartan la total derogación.
Resulta lógico este afán por poner coto al perjuicio que implica retrotraer el mercado de trabajo a la primera década de este siglo. Sin la reforma laboral, España sufriría otra vez su tradicional incapacidad de crear empleo cuando la economía no rebasa el 2% de crecimiento. Volvería a arrastrar esa deficiencia precisamente cuando el PIB está en desaceleración y ya ha perdido ese nivel de avance. Pero existe además, el riesgo de que se destruya un millón de puestos de trabajo hasta 2022. Las empresas se enfrentarían al enfriamiento económico asumiendo unos costes laborales al alza y sin los recursos que las dotaron de una necesaria flexibilidad en sus contrataciones.
Derogar la reforma laboral implica destrucción de puestos de trabajo y un descenso grave para las cotizaciones
No en vano, sin la reforma laboral, perderán la primacía de los convenios de empresa sobre los sectoriales, los límites a la ultraactividad de los acuerdos salariales y la limitación al coste de los despidos. Además de las empresas, la Seguridad Social sería la gran perjudicada. Un millón de empleos menos implica minar la recaudación por cotizaciones en 6.000 millones anuales. La situación sería crítica para el sistema de pensiones, ahora que su gasto sufre una fuerte alza por el regreso de las revalorizaciones con el IPC y por el envejecimiento demográfico. Daños como estos sólo pueden evitarse si se mantiene una reforma que se ha revelado positiva y que el mercado laboral aún necesita.
