El acuerdo de Gobierno anunciado el pasado 30 de diciembre incluye la tradicional reivindicación del PSOE y Unidas Podemos de terminar con los copagos sanitarios. El texto es claro en este sentido al asegurar que se "procederá a la eliminación progresiva" de esta medida introducida en 2012 " a lo largo de la legislatura". Vaya por delante que dicha medida tiene claroscuros, especialmente porque no es equitativa al diferenciar entre jubilados y personas en activo y no hacerlo por niveles de renta.
Pero una cosa es reformar una normativa para mejorar sus actuales deficiencias y otra muy diferente es suprimirla. Para empezar, asumir la aportación que los jubilados hacen desde 2012 para adquirir medicamentos originará problemas a las comunidades autónomas, que ya habían habilitado ayudas para estas aportaciones. Pero más grave aún es el coste que puede generar a las arcas públicas, ya que eliminar los copagos sanitarios supone un incremento del gasto de 600 millones anuales. Tal aumento coincidiría además con el que la atención sanitaria pública tendrá que afrontar por el mero hecho de que España será en la próxima década el país del mundo con mayor esperanza de vida.
Acabar con los copagos genera un coste de 600 millones anuales que amenaza la sostenibilidad del sistema sanitario
El envejecimiento de la población supondrá 3.500 millones de desembolso adicional al año, por las nuevas necesidades en el ámbito del cuidado de larga duración y la dependencia. Ante un horizonte así, no hay justificación alguna para el rechazo a medidas racionalizadoras del gasto, como son los copagos sanitarios. Tampoco existe excusa para dar marcha atrás a la gestión público-privada en Sanidad, que tan buenos resultados ha ofrecido. Su eliminación pondría en serio peligro la sostenibilidad de todo el sistema sanitario.
