La Ley de Contratos Inmobiliarios ampara ahora en mayor medida a los avalistas de empresas. Estos hasta ahora se consideraban personas jurídicas, aunque se tratara de un único individuo, con todas las dificultades de ese status.
Se les suponía así una capacidad de gestionar las hipotecas que eximía de ofrecerles la exhaustiva información (por ejemplo, sobre las cláusulas que contiene) que ahora se reclama para la firma de este tipo de préstamos. Del mismo modo, los avalistas de empresas no asumirán exigencias tan elevadas como ahora para responder con su patrimonio de los impagos de la empresa avalada. Era necesario que este tipo de sujetos jurídicos se beneficiaran también de toda la protección que la nueva Ley Hipotecaria prevé.