La semana ha acabado con una traca final que complica aún mucho más el panorama político de un país maltratado por su clase dirigente. La resolución del Tribunal de Justicia de la UE no significa inmunidad respecto a los hechos juzgados y condenados en España, pero ha sido aprovechada por el independentismo para manipular su contenido a través de videoconferencias eufóricas organizadas para que se difundan en las televisiones, y ha servido además para lanzar una nueva amenaza al gobierno en funciones con el fin de que pase por el aro una vez más de lo que reclaman los separatistas.
Esta vez lo que reclaman, bajo el chantaje de no votar para que sea investido el candidato propuesto por el Rey, es la anulación del juicio y la puesta en libertad inmediata de los condenados. Una interpretación partidista de una resolución que sólo señala la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras desde la misma noche del recuento en las elecciones europeas del 26 de mayo pasado. Y Junqueras ha perdido esa condición por la sentencia posterior de los tribunales españoles que le ha condenado e inhabilitado. Aquí no está dicha la última palabra, que tendrá el Supremo al pedir al propio TJUE que se suspenda esa inmunidad que ha declarado. Poco cambiará entonces la situación para el ex vicepresidente catalán, pero el gran beneficiado será el cabecilla del golpe de octubre de 2017, que no ha sido condenado porque no ha respondido ante la justicia por sus actos. Y eso no ha ocurrido porque huyó para escapar a la acción de la justicia. En una palabra, Junqueras celebra una decisión judicial que sólo beneficiará a su rival independentista, Carles Puigdemont.
Los españoles debemos saber a estas alturas lo que tenemos en la última instancia judicial del continente al que pertenecemos. Un tribunal que siempre que hay que adoptar una decisión sobre España lo hace en contra de los intereses de un país plenamente democrático que está siendo atropellado por unos manipuladores que han azuzado el odio entre compatriotas. Y debemos también saber cómo responden las instituciones europeas como el parlamento, que no ha tardado ni tres horas en pedir la ejecución de la sentencia poniendo en libertad a Junqueras sin atender a lo que pueda alegar el tribunal español. Ésta Europa como ahora la conocemos corre rauda hacia su autodestrucción, porque lo que está haciendo en relación a la intentona independentista en Cataluña tendrá efectos en otros sentimientos identitarios europeos.
Aunque para erosionar la propia credibilidad de nuestro sistema nos valemos nosotros solos: fue el propio Tribunal Supremo el que preguntó a Luxemburgo por medio de una cuestión prejudicial si Junqueras tenía inmunidad y si se le habían limitado sus derechos fundamentales como parlamentario. El daño a su prestigio que ha sufrido ya el TS va a tardar muchas décadas en ser repuesto.
Pero siendo importantes los efectos judiciales de esta noticia, la consecuencia más determinante de la resolución no será jurídica, sino política. Consiste en dilucidar qué hará el gobierno en relación a la resolución europea, al ordenar a la abogacía del Estado actuar en un sentido u otro. La Fiscalía ha sido clara al oponerse a la libertad inmediata de Junqueras. Si Pedro Sánchez obedece a ERC y pide su puesta en libertad,
quedará claramente retratado ante los españoles, si eso a estas alturas no hubiera ocurrido ya. Si no ordena al abogado del Estado pedir la liberación, se quedará sin su investidura soñada. Y si elige huir hacia adelante, conformará un gobierno que estará permanentemente pendiente de un hilo, apagando incendios provocados por aquellos antiespañoles a los que ha otorgado la llave de la gobernabilidad. Hace pocas horas hemos escuchado al presidente de una Comunidad Autónoma, Quim Torra, decir que a él no le condena por desobediencia ningún "tribunal político". Así será a diario. Y como propina, tendrá sentados junto a él en el Consejo de Ministros a unos compañeros de viaje que reclaman la libertad de los políticos condenados por sedición, y que defienden que Cataluña y cualquier otro territorio tienen derecho a decidir si siguen o no perteneciendo a la unidad nacional.