El Gobierno se mostró pródigo, en los últimos meses, en acciones que elevan el gasto público como limitar los copagos sanitarios o extender el subsidio de parados de larga duración mayores de 50 años. En esta categoría también tienen una especial importancia las medidas específicamente orientadas al personal de las Administraciones, una tendencia a la que se han sumado también las autonomías.
Lo demuestra la evolución de la rúbrica de sueldos de funcionarios y del resto de personal empleado en el sector público. Esta partida crece en el Estado hasta septiembre un 6 por ciento y un 5,7 por ciento en el caso de los Gobiernos regionales, cuando el año pasado lo hacía al 2,3 y el 3,2 por ciento respectivamente. Detrás de alzas de tanta envergadura actúan varias fuerzas. Una de ellas es el regreso de las subidas de sueldos al personal que ya estaba incorporado a las plantillas de las Administraciones, pero sin duda también influye la inclusión de más asalariados. De hecho, el dopaje que el empleo público está ejerciendo en las estadísticas del mercado e trabajo es evidente desde hace meses y volvió a manifestarse en la EPA del tercer trimestre. Su decepcionante creación de empleo aún habría sido peor si no fuera por las ma´s de 30.000 afiliaciones que se debieron a la contratación pública.
El desembolso en sueldos por parte de las Administraciones delata un aumento de la plantilla del Estado y CCAA
La tendencia al alza continúa a la vista de las próximas oposiciones convocadas, espoleadas en muchos casos, no tanto por necesidades funcionales, sino por los intereses electorales de los pasados comicios autonómicos de mayo y por el 10-N. Puede que esta política genere réditos políticos, pero el hecho de que el gasto en sueldos esté ya cerca del 11 por ciento del PIB dificulta aún más el cumplimiento de los objetivos de deuda y déficit.
