Las autonomías deberían haber presentado sus proyectos de ley de Presupuestos para 2020 en octubre. Sin embargo, la persistente inestabilidad política hará que sólo ocho de esos territorios tengan ya aprobadas sus cuentas para el siguiente ejercicio.
Son las únicas que se atreven a seguir haciendo sus cálculos sin contar con la guía que ofrecen unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, con previsiones de ingresos fiscales suficientemente actualizadas. Hacer estos cálculos a ciegas entraña unos riesgos que no todas las autonomías están dispuestas a asumir, ya que tendrán que asumir las probables desviaciones elevando su deuda. Pero los perjuicios de la interinidad institucional son aún más directos en las áreas como la Sanidad que están transferidas a los Gobiernos regionales. Los impagos acumulados a los proveedores de tecnología para hospitales y clínicas ya asciende a 1.000 millones.
La falta de Presupuestos estatales no sólo crea problemas financieros a las CCAA; también eleva las listas de espera
En cuanto a los pacientes, sufren una permanencia en la listas de espera que, en algunos casos, supera los 140 días para operaciones quirúrgicas. No es admisible que se permita un deterioro indefinido en un servicio público tan básico como éste. Sin duda, un Gobierno en funciones tiene muy limitada su capacidad para comprometer futuros gastos y transferencias. Con todo, el hecho de que el Congreso y, sobre todo, el Senado estén ya constituidos permite que estos organismos puedan debatir ya unas mínimas previsiones sobre la evolución del gasto sanitario y cómo hacerle frente. Es más, debería escucharse la petición de varios Gobierno autonómicos de que el Consejo de Política Fiscal se reúna de urgencia (tras casi año y medio sin convocarse) y aborde una situación que, si sigue agravándose, será letal para el sistema público sanitario.
