La Generalitat está ya negociando con los Comunes crear otro tramo del IRPF que aplicaría un tipo en el entorno del 23,5 por ciento a ingresos superiores a 90.000 euros.
Ese porcentaje, sumado al gravamen base que establece el Estado, implica tributar, como mínimo, al 46 por ciento para las rentas comprendidas en dicho tramo, un porcentaje que será aún mayor en los últimos escalones del Impuesto sobre la Renta, a partir de 120.000 euros. Esta medida, como todas las que buscan castigar a los llamados ricos, es anacrónica y demagógica. Pero sus efectos son especialmente nocivos en una autonomía como Cataluña que, con unos tipos de IRPF que baten la media de la OCDE, pueden ya verse como confiscatorios.
