Las dificultades de la negociación de ERC con el PSOE difuminó la semana pasada la posibilidad de que Pedro Sánchez sea investido presidente este mes. Técnicamente, el presidente se halla así con las manos atadas para tomar decisiones que incrementen el gasto público, ya que incluso tiene muy limitado el recurso, tan frecuente en la pasada legislatura, de los decretos-ley.
Sin embargo, eso no quiere decir que estén cerradas todas las puertas al desembolso extra de 5.800 millones que Sánchez prometió antes de las elecciones. Muy al contrario, el Ejecutivo trabaja con la perspectiva de contar ya con poderes en enero y, esa vez sí, recurrir a decretos que permitan subir los sueldos de los funcionarios y volver a actualizar las pensiones con el IPC. A ello habrá que sumar otros compromisos, de marcado carácter electoralista como la rebaja de las jornadas necesarias para acceder a los subsidios del PER o el alza del salario mínimo por encima de los 900 euros mensuales. Varias de estas medidas además tendrán efectos retroactivos en el tiempo. Queda de este modo allanado el camino para un resurgir del gasto público que llega en un momento sensible, cuando la deuda de las Administraciones está en niveles récord y el déficit va camino de acercarse de nuevo al límite del 3 por ciento que Bruselas impone.
El Gobierno planea un alza de 5.800 millones en el gasto público que todo apunta que cubrirá con alzas fiscales
El Gobierno se compromete a seguir respetando las exigencias de Bruselas, pero es muy dudoso que, con la actual desaceleración económica, los ingresos por impuestos se comporten como el Gobierno espera. Todo apunta, por tanto a que el Ejecutivo recurrirá a las alzas de impuestos para compensar el alza del gasto que se avecina y lastrará aún más a un PIB ya en franco enfriamiento.
