La Constitución de la II República en su artículo 8º establecía que el Estado español estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyen en régimen de autonomía.
La palabra nacionalidad, referida a cualquier ente autónomo que pudiera crearse, no aparece ni una sola vez en el texto. En función del citado artículo Cataluña obtuvo su estatuto de autonomía en 1932, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava (no se nombraba a Euskadi), en 1936. El de Galicia fue aprobado por las Cortes de la República en el exilio mejicano en 1945. En los tres estatutos cada región se afirmaba como parte constitutiva del Estado Español.
Los entre bastidores de la Transición, llenos de presiones y amenazas por parte de los poderes fácticos del franquismo, tabúes y pies forzados (la monarquía), produjo la Constitución de 1978 en la que aparecen los términos regiones y nacionalidades aunque sin especificar quienes eran unas y otras. A pesar de ello se sobreentendía que las nacionalidades eran las que habían tenido estatuto aprobado o gestado con la República y en consecuencia podían alcanzar un autonomía "de primera" según el artículo 151". Las demás autonomías disponían del artículo 143 para alcanzar una autonomía "de segunda". Andalucía rompió de manera sorpresiva el reparto previsto y logró su autonomía por el 151, aunque sin las consecuencias lógicas derivadas de aquella gesta del pueblo andaluz. La Constitución, por otra parte, reconocía los derechos históricos de los territorios forales y la especificidad de Navarra. Y junto a ello una Ley Electoral que primaba de manera muy significativa, a los partidos mayoritarios (PSOE y PP) y a los partidos nacionalistas (PNV, ERC y CiU).Y sobrevolando todo ello, el equívoco de fingir ignorar que los términos nación y nacionalidad son sinónimos. La Constitución, ante la realidad de una España plurinacional dio una larga cambiada, y a esperar que escampe. Pero sigue lloviendo.
La Constitución esquivó la evidente realidad de la plurinacionalidad española
Durante años, los partidos nacionalistas de carácter conservador han ido apoyando y apuntalando a los gobiernos de PSOE y PP, a cambio de dádivas, cesiones o vista gorda ante determinadas caso de corrupción, con CiU y Pujol como ejemplos más emblemáticos. Y así hasta noviembre de 2003, cuando el candidato a la Presidencia del Gobierno, Rodríguez Zapatero, afirmó en Barcelona durante un acto público: apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán. El 30 de septiembre del 2005, el Parlament, con 15 votos en contra del PP, aprobó un Estatuto que enseguida se vio cuestionado, cuando la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa de la Vega, afirmó que el texto aprobado tendría que ser retocado en el Congreso de los Diputados.
En enero de 2006, el PSOE y CiU pactaron un texto retocado, que produjo la salida de ERC del pacto y la propuesta del PP de que el debate sobre el Estatuto se tramitase como una reforma constitucional, que hubiese requerido el voto afirmativo de 210 diputados. El caso es que el Congreso aprobó el nuevo texto con el voto en contra del PP y el anuncio de que elevaría un recurso al Tribunal Constitucional. Aprobado el nuevo Estatuto en referéndum por el pueblo catalán, estuvo en vigor y se aplicó hasta que cuatro años después el alto Tribunal recortó partes importantes del mismo. Leña para un fuego todavía incipiente.
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