El Gobierno autoriza los pagos pendientes a las autonomías, 4.690 millones en entregas a cuenta del sistema de financiación.
Se hizo como se prevé desde hace semanas: con un decreto alegando una situación de "urgencia", sin que la prórroga de Presupuestos y la interinidad del Gobierno hayan sido un obstáculo. No se comprende, por tanto, en qué se basaban las objeciones que la Abogacía del Estado ponía a ese desembolso el pasado verano. La propia ministra Montero reconoció que la única diferencia entre esa época y la actual radica en que, en julio, el Ejecutivo tenía esperanzas de que la investidura de Pedro Sánchez prosperara. Resulta así inaudito que, como ya se evidencia, la Abogacía y el Gobierno dejaran las entregas a cuenta a merced de cálculos políticos.