El Consejo de Ministros del 20 de julio de 2018 aprobó la regla de gasto para el conjunto de las administraciones públicas para el ejercicio 2019, conforme a la Ley de estabilidad presupuestaria.
La regla de gasto es el límite máximo al que pueden crecer los gastos de las administraciones para que el gasto público sea sostenible a largo plazo, sin incurrir en déficits excesivos en los momentos de desaceleración económica. En la regla de gasto no se incluyen los intereses de la deuda pública, ni los pagos de la Seguridad Social en el sistema de pensiones, así como tampoco se incluyen los gastos financiados con ingresos procedentes de la Unión Europea.
Para el año 2019, la regla de gasto se fijó en el 2,7 por ciento. Dicho de otra forma, la mayor parte de los gastos de las administraciones no deben crecer por encima de ese porcentaje.
La Intervención General de la Administración del Estado acaba de publicar las cifras de evolución del déficit hasta el mes de julio del conjunto de las administraciones públicas, salvo las administraciones locales, y, hasta el mes de agosto, para el Estado. El resultado de esas cifras, en lo que se refiere a la evolución del gasto corriente, no deja de ser preocupante ya que crece muy por encima de lo que debería para cumplir la regla de gasto.
Los procesos electorales tienen un coste para el ciudadano y para los presupuestos
Especialmente relevantes son los gastos de consumos intermedios y de remuneración de asalariados. Los consumos intermedios son las compras de bienes y servicios que realizan las administraciones públicas para prestar los servicios públicos; por ejemplo, el papel y los bolígrafos que se usan en las oficinas, los gastos de electricidad, la comida de las cárceles, las medicinas de los hospitales o el material escolar. Por su parte, la remuneración de asalariados incluye todos los gastos en personal de las administraciones públicas. Estas dos partidas supusieron el año pasado un total de 187.000 millones de euros, el 37 por ciento del gasto público total, que fue de medio billón de euros. Esta cifra es comparable a lo que nos gastamos conjuntamente en pensiones, desempleo y el resto de las prestaciones sociales en forma de dinero.
Pues bien, hasta el mes de julio, y con la reserva de que se trata de cifras referentes a los siete primeros meses del año, los consumos intermedios crecieron en línea con la regla de gasto: un 2,8 por ciento frente al 2,9 por ciento de referencia. Por el contrario, la remuneración de asalariados para el conjunto de las administraciones (sin incluir administraciones locales) creció un 6,1 por ciento, más del doble del valor de referencia. Es cierto que las cifras de 2018 y 2019 no son totalmente comparables: Por un lado, una parte de ese aumento se debe a que en el primer semestre de 2019 aumentó la retribución a empleados públicos un 2,5 por ciento frente a un 1 por ciento en el mismo periodo del año anterior. Además, cuando, a mitad de 2018 se aprueba la Ley de Presupuestos, se fijó un incremento salarial del 1,75 por ciento para todo 2018; y los atrasos correspondientes a la primera parte del año se pagaron en los meses de julio y agosto. Por todo ello, las cifras de 2018 y 2019 sólo serán totalmente homogéneas a partir de las de agosto. En cualquier caso, el fuerte crecimiento contrasta con la reducción de la inversión pública en un 3,5 por ciento en los primeros siete meses del año.
Las cifras de las autonomías solo pueden ser calificadas como de muy preocupantes
Por administraciones, los datos del Estado son bastante razonables. Hasta agosto, el crecimiento de la retribución a los asalariados es del 6,2 por ciento. Pero ello se debe fundamentalmente a la equiparación de los salarios de Guardia Civil y Policía Nacional. Sin este efecto, el crecimiento sería del 3,3 por ciento, ligeramente por encima de la regla de gasto y explicable por la elevación de los salarios públicos del 2,5 por ciento. Por su parte, los consumos intermedios crecen al 8,7 por ciento pero esto se debe en gran parte a los procesos electorales que elevan el gasto de la Administración General del Estado en más de 300 millones de euros. Excluidos estos gastos, los consumos intermedios estarían reduciéndose un 1,2 por ciento. Esto nos recuerda que los procesos electorales tienen un coste para el ciudadano y que no salen gratis al presupuesto.
En conjunto, el incumplimiento de la regla de gasto por la administración central es muy notable: los gastos computables crecen al 6,3 por ciento, y ello a pesar de una fuerte disminución del 7,5 por ciento de la inversión, debido fundamentalmente a que este año será inferior la factura del rescate de las autopistas. En todo caso, una parte importante de este crecimiento, como se ha explicado, se debe a la equiparación salarial y a los procesos electorales.
Más preocupantes son las cifras de las Comunidades Autónomas. El conjunto de su gasto crece al 4,4 por ciento en términos de regla de gasto, muy por encima del objetivo del 2,9 por ciento. Los consumos intermedios se comportan bien, crecen un 1,8 por ciento. Pero las retribuciones de asalariados crecen un 6,2 por ciento, cifra que, es cierto, se reducirá algo como consecuencia del desfase temporal de las subidas salariales de 2019 frente a 2018.
Sorprenden aún más las fuertes diferencias entre Comunidades Autónomas. Salvo en el caso de Cataluña y País Vasco, qué tienen asumida la competencia de Interior, en el resto de las comunidades autónomas la estructura del gasto es muy parecida, concentrándose la mayor parte de éste en educación, sanidad, y servicios sociales. Por tanto, la evolución del gasto debería ser muy similar en todas las Comunidades, sobre todo, teniendo en cuenta que la subida salarial del 2,5 por ciento es común para todas ellas. Y es aquí donde los llevamos enormes sorpresas, pues la diferencia, salvo retrasos en la contabilización del gasto, es poco explicable.
Con un crecimiento medio de los consumos intermedios del 1,8 por ciento para el conjunto de las Comunidades Autónomas, hay algunas con crecimientos incomprensibles: Cantabria, 11 por ciento o Castilla la Mancha, 12,3 por ciento, mientras Valencia los ha reducido en 1,5 por ciento, Cataluña en un 0,1 por ciento, en Madrid apenas han crecido un 0,4 por ciento y en Castilla y León un 1,1 por ciento. Tal dispersión sólo puede explicarse por modelos de gestión muy diferentes
Algo parecido ocurre con el gasto de los asalariados públicos. El crecimiento medio autonómico es elevado, del 6,2 por ciento, y, en este caso, no tenemos equiparación salarial que lo explique. Aquí también la dispersión es notable. El gasto en personal crece en Extremadura un 11,3 por ciento, en el País Vasco un 11,9 por ciento y en Canarias un 8,1 por ciento; simultáneamente, en Aragón, crece un 3,6 por ciento, en Andalucía un 3,7 por ciento y en Castilla y León un 4,2 por ciento. ¿Cómo es posible que, prestando los mismos servicios, haya Comunidades Autónomas en las que el gasto en personal crece a dos dígitos y en otras en las que crece sólo un poco por encima de la regla de gasto? En todo caso, en todas ellas el gasto en empleados creció por encima del Estado, si descontamos el impacto de la equiparación salarial.
La conclusión es obvia: hay un gran margen de mejora en la gestión del gasto corriente. Si con prácticamente el mismo catálogo de servicios públicos, el crecimiento del gasto corriente entre las distintas administraciones es muy divergente, eso significa que hay gestores con calidades muy diferentes. El gasto está creciendo por encima de lo que debería estar creciendo, y los votantes harían muy bien en medir la actuación de sus administraciones no sólo en función de los servicios públicos que reciben sino también en función de cuánto gastan para proveer esos servicios públicos.
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