Durante las conversaciones en curso, Pedro Sánchez, en la presentación de su plataforma-programa, le ofreció a Podemos puestos del más alto nivel en empresas públicas y otras entidades, tipo Correos y CNMC. Y les ofreció esos "altos cargos" fuera del Gobierno, como si él pudiera poner allí a quien le diera la real gana, cosa que es ilegal. Por eso la respuesta de Pablo Iglesias merece el elogio, pues adujo para no aceptar que esos cargos son técnicos y que la política sobra a la hora de elegir a las personas más preparadas (de "mérito y capacidad" habla la Constitución).
El amiguismo ha llenado la Administración de inestabilidad e ineficacia
El Gobierno de Sánchez se ha saltado sistemáticamente esa norma de sentido común que le ha recordado Pablo Iglesias, pero también ha hecho mangas y capirotes de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, que regula el nombramiento de los altos cargos de la Administración General del Estado. En el preámbulo de esa ley se dice:
"Un alto cargo, por la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña, sólo puede ser ejercido por personas que, constatada su competencia personal y profesional, respeten el marco jurídico que regule el desarrollo de su actividad".
La ley es aplicable a "los presidentes, directores generales y asimilados del sector público administrativo, fundacional o empresarial".
¿Y qué dice la ley de la idoneidad para ser nombrado? La respuesta está en el artículo 2:
"Son idóneos quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto cargo.
Y sigue:
"En la valoración de la formación se tendrán en cuenta los conocimientos académicos adquiridos y en la valoración de la experiencia se prestará especial atención a la naturaleza, complejidad y nivel de responsabilidad de los puestos desempeñados, que guarden relación con el contenido y funciones del puesto para el que se le nombra"
Esta ley se hizo para huir cuanto se pudiera de la vieja tara que España arrastró durante siglos: el amiguismo, que más tarde llevaría a una práctica desastrosa en la Función Pública, la cesantía. Hay una novela de Galdós que ilustra esta práctica durante la Restauración. Su título: Miau.
La cesantía llenó la Administración no sólo de enchufados, también de inestabilidad e ineficiencia. Por eso el sistema de oposiciones para entrar en los cuerpos de la Administración sigue siendo, con todos sus defectos, la única manera de asegurar la aplicación del principio de mérito y capacidad.
A la vista de los currículum de los nombrados por Pedro Sánchez se puede asegurar sin margen de error que no cumplen los requisitos legales. Es decir, están donde están de forma ilegal. Por eso el profesor Andrés Betancur ha escrito que los nombramientos del Gobierno que preside Pedro Sánchez son especialmente inadecuados, pues a casi todos los nombrados les falta la cualificación para el puesto que desempeñan.
Y uno se pregunta: ¿quién puede exigir en España que se cumplan las leyes?, ¿los jueces? En este caso no se sabe. Tal vez siga vigente la vieja y detestable tradición según la cual, hecha la ley, hecha la trampa.
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