El sector rural español era uno de los elementos clave de nuestra economía en la etapa, larguísima, de la Revolución del Neolítico, que concluyó, como sabemos, en el paso del siglo XVIII al siglo XIX, al aparecer con fuerza la Revolución Industrial. Hasta ese momento, como consecuencia, en gran medida, de derivaciones generadas por el proceso derivado de la Reconquista, en relación con la propiedad del suelo, o sea con del factor productivo tierra, esencial en la economía agraria, que pasó a controlarse en grandísima proporción, ya por la Iglesia, ya por comunidades locales, ya por la nobleza, ya por ciertas entidades especialmente protegidas, como en el caso de la Mesta. Si se hubiese construido entonces una función de la producción como la que se consigue tras la aportación de Cobb-Douglas en la American Economic Review, en 1928, se observaría el papel esencial del control del suelo rural en todo el conjunto de la producción.
El campo español es demasiado dependiente de las decisiones que se toman en Europa
En España, eso se comprende ya, de modo continuo, en los planteamientos políticos de Carlos III, concretamente en los de Campomanes en su crítica a las consecuencias de la propiedad campesina de la Iglesia, cuestión que se enlaza poco después con el Informe de la Ley Agraria de Jovellanos, lo que conducirá a la desamortización de Mendizábal. De ahí se deriva una revolución en el campo, uno de cuyos últimos capítulos creo que se acabaron ligando a una sentencia del Tribunal Supremo sobre propiedades rurales existentes en torno a la localidad de Malleza, en el concejo asturiano de Salas, poco antes del inicio de la Guerra Civil. En este caso, se trataba no de tierras de la Iglesia, sino de otras ligadas a los nobles, por ejemplo a través de la confusión de lo que eran señoríos jurisdiccionales con lo que era, concretamente, la propiedad del suelo de esos señoríos.
En ese período que se abre en el siglo XIX, los porcentajes de población activa esenciales para la actividad se encuentra relacionados con el campo, dado el leve impacto de la Revolución Industrial en España, no así ya en Inglaterra. Pasan a existir, entonces, entre nosotros, planteamientos rurales eficaces muy escasos, y simultáneamente surge una oferta considerable de mano de obra, junto a carencia de legislación social, y así durante mucho tiempo, porque la Comisión de Reformas Sociales solo iniciará su existencia en 1883; por ello, las remuneraciones salariales pasaron a ser muy reducidas y, además de eso, eran muy irregulares, y ello tiene lugar además en el momento en que se difunden, de manera más o menos confusa, pero con gran amplitud, mensajes derivados a partir de 1848, fecha del Manifiesto Comunista.
Se debe integrar la tecnología con la agricultura para evitar la huída a las zonas urbanas
Esto dio lugar a la aparición, en zonas agrarias españolas, del fenómeno del espartaquismo agrario, con violencia sociopolítica general y que solo se esfumaría a partir de 1939.
Pero antes había surgido otra alteración en nuestro mundo rural, que fue explicada por Flores de Lemus. Con cierta debilidad, pero de modo progresivamente claro, el campo español, por el impacto derivado de un cierto grado de incorporación de España a la Revolución Industrial ya general en el mundo occidental, aparece un cambio que va a originar consecuencias en la agricultura. La renta por habitante, en euros 2010, era en 1860 de 1.957, y la población activa agraria, sobre el total de la población española, era del 50,81 por ciento en 1860, y en relación con la población de 15 a 64 años, del 80,87 nada menos. La ampliación del espartaquismo agrario español, como consecuencia de una especial combinación -que tenía raíces en la masonería, en el krausismo y realidades sociales derivadas de la Revolución Industrial, provoca por una parte, anticlericalismo y, por otra, planteamientos violentos para alterar la realidad de aquella estructura, buscando ampliaciones al proceso de la desamortización, creando en los intelectuales presiones para generar cambios en la economía agraria española.
Pero a lo largo de la Restauración, o sea desde 1874, el PIB por habitante, que era 2.347 euros 2010, había pasado a ser de 3.158 euros 2010 en 1919, o sea que se había ampliado con claridad, lo cual significaba forzosamente un cambio en el consumo. También, en estas series largas de la economía española (1850-2015), que se encuentran en la obra de Jordi Ma-luquer de Motes, España en la economía mundial (Instituto de Estudios Económicos, 2016), se ve que se salta de un índice 100 a otro de 150. Lógicamente, esta alteración se transmite forzosamente al consumo, por lo que aparece un impacto en la demanda de productos alimenticios. Esa fue la base de la investigación de Flores de Lemus titulada Sobre una dirección fundamental de la producción rural española. Se traslada la demanda de bienes inferiores, como era el caso del pan y otros productos basados en cereales, a los generados por la ganadería, desde cárnicos a lácteos. Este fue otro cambio fundamental en el mundo agrario español.
Pero, además, es preciso tener en cuenta que el proceso citado de la Revolución Industrial, con todos los retrasos que se quieran, tiene lugar en España y surgen derivaciones múltiples e importantes generadas por una creciente productividad, y con ello, con remuneraciones salariales crecientes. Será una consecuencia evidente la que así acaba surgiendo de marcha de la población hacia los distritos indus- triales, la cual se acaba vinculando a zonas urbanas progresivamente amplias, y donde surgen servicios que también demandan población activa, lo cual genera automáticamente dos fenómenos: el de la emigración de las zonas rurales hacia esos distritos industriales, y que en ellos aparece la citada urbanización creciente, que demanda continuamente más mano de obra, por ejemplo, hacia la construcción de edificios y de servicios públicos. Pero, simultáneamente, continúa ampliándose ese proceso de industrialización anteriormente señalado, y con muchísima fuerza a partir de 1959. Esa revolución, de cambio radical en la economía, afecta inmediatamente al consumo privado, con el complemento de una fortísima emigración. Los salarios en el ámbito rural crecen de tal modo que pasa a ser preciso hacer frente a esa nueva realidad por parte de los dueños, o de los arrendatarios, o de los cooperativistas de las explotaciones agrícolas, o sea de los empresarios campesinos.
Inmediatamente se observa que estos empresarios comprenden que su futuro económico se encuentra en la sustitución del factor trabajo por cantidades crecientes de capital -por ejemplo, de incrementos en la mecanización-, así como por la mejora de la productividad gracias a incrementos en realidades concretas de inversiones fijas en las fincas -por ejemplo instalaciones eléctricas- con lo que, de modo claro, desaparece la condena del latifundismo, así como el espartaquismo agrario, con un fenómeno político que es el de que se esfuma la demanda de Re-forma Agraria, algo que era habitual en todas las contiendas electorales, sobre todo en las zonas rurales.
Y simultáneamente surge otro problema, el que el incremento en la producción, como consecuencia de lo que se conoce con el nombre de Ley de King, provoca en ocasiones el fenómeno de la superproducción agraria, la cual crea hundimientos de la renta y, automáticamente, protestas por parte de los campesinos. Este fenómeno tiene un precedente en España. Tuvo lugar a comienzos de la II República, cuando el ministro de Agricultura, Industria y Comercio, Marcelino Domingo, para abaratar el pan decidió importar trigo argentino. La llegada de este producto a los puertos españoles coincidió con una espléndida cosecha de ese cereal. El derrumbamiento de los precios arruinó a enormes cantidades de campesinos.
En aquel momento esto se unía a fenómenos anteriormente mencionados de espartaquismo agrario y demás, pero actualmente una superproducción de ese tipo generaría prácticamente la desaparición de toda la agricultura española. Y a eso se añade que España, precisamente para favorecer su desarrollo económico general, decide, a partir de 1959 integrarse en el mundo comunitario.
Tal integración pasó a ser difícil a causa del pánico a que, al desaparecer las barreras aduaneras, se podía acabar aumentando la oferta agraria, por ejemplo en Francia al llegar productos rurales españoles. Eso es lo que motivó un intento de freno a nuestra incorporación en el mundo comunitario por parte de las autoridades francesas.
La PAC fue la solución a los problemas del sector, pero su inicio data de 1986
España acabó integrándose a partir de 1986, pero la solución del problema citado vino de que en el mundo comunitario se puso en acción la llamada Política Agraria Común (PAC). El mundo rural español está en estos momentos integrado en la PAC y la renta agraria nacional depende, en parte muy importante, de decisiones comunitarias. Es otro aspecto nuevo, que obliga, para mantener rentas en las zonas rurales, a acciones de política exterior, o si se prefiere la expresión, en el interior del propio mundo comunitario. Todo esto tiene consecuencias claras sobre la evolución de nuestra producción rural, por lo que no es posible dejar a un lado, tras el trabajo desarrollado recientemente en la revista Vida Rural, por ese extraordinario experto en economía agraria que es Jaime Lamo de Espinosa, la auténtica catástrofe que puede asolar al campo de Cataluña, si se lograse culminar el proceso separatista, y con él, porque no tendría posibilidades de que prosiguiese esa región en el ámbito comunitario, que la ruina en sus zonas agrarias fuese verdaderamente colosal.
Las exportaciones de productos agrarios españoles han experimentado alzas muy importantes en las últimas décadas
Por otro lado, y dentro de la política de comercio exterior, el peso de las exportaciones de productos agrarios españoles ha alcanzado niveles muy importantes, lo cual simultáneamente, y por lo señalado más arriba, tiene en los importadores la consecuencia de tentaciones de tipo político proteccionista ante la llegada de nuestros productos.
Pero todo lo anterior ha de encajarse en esos problemas que la FAO tiene muy presentes, al relacionarse con la alimentación de una población mundial creciente, así como por el creciente proceso emigratorio que, derivado de un colosal desgobierno en los países africanos y asiáticos recientemente independizados, que provoca huidas importantes, las cuales exigen tener presente tanto el problema de la demanda de una población mundial creciente, como el de la oferta, vinculada a la posible creciente integración de mano de obra inmigrante en las zonas rurales. Sobre todos esto temas del futuro, que es necesario tener en cuenta, se han publicado recientemente ensayos científicos muy importantes, como el artículo de Juan Díez-Nicolás y Ana María López, Evolución social de las naciones en una perspectiva comparada mundial, publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, que en lo que se acaba de plantear no deja de enlazar de manera importante con el trabajo del profesor Díez-Nicolás, Las dos caras de la inmigración (Ministerio de Trabajo, 2005).
Nada, pues, de pensar que en el mundo rural no hay problemas y que nos encontramos con una realidad que perdurará sin alteraciones durante mucho tiempo. Nuevos aspectos de la Revolución Industrial van a crear situaciones nuevas, desde el punto de vista tecnológico en las explotaciones agrarias y la dinámica demográfica tampoco se puede olvidar. Por eso, el encajar cuestiones como que el campo está abandonado sin ofrecer soluciones racionales, que no pasan precisamente por una marcha de las zonas urbano industriales a las campesinas, inimaginable, tiene poco sentido.
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