La petrolera Hafesa, acusada por Hacienda de un fraude fiscal de 150 millones, continúa operando en nuestro país cinco meses después de que el Fisco la acusara.
La legislación la ampara en la medida en que una sospecha como ésta, pese a su gravedad, no obliga a excluirla del listado de operadores de la CNMC. En consecuencia, las compañías de almacenamiento de carburante tienen que seguir dándole servicio. De este modo, Hafesa tiene acceso a altas cantidades de combustible con las que podría seguir protagonizando las prácticas de comercialización fraudulenta de que Hacienda le acusa. No se trata solamente de una paradoja, sino de una plena anomalía legal que debería subsanarse mediante la eliminación de este vacío normativo.
