Trabajo anuncia un refuerzo en su lucha contra el fraude de contratos. Enviará 85.000 cartas a empresas sospechosas, un 4 por ciento más que en 2018, y empleará más de 2.000 inspectores, la plantilla más nutrida de la historia. Sin duda, debe aplaudirse la contundencia contra los abusos laborales.
Ahora bien, este tipo de mensajes tienen que acompañarse de la aclaración de que sólo una parte ínfima del empresariado incurre en estas prácticas. Para ello, debe demandarse, pese a que la patronal CEOE se inhibe de ello, que la labor de la inspección de trabajo y sus resultados se traten con la misma discreción que es propia de ámbitos como el fiscal. No se trata de disfrazar ninguna realidad, sino de evitar una criminalización injusta de la clase empresarial.
