El juez García-Castellón imputa a BBVA por su presunta implicación en las operaciones de espionaje del excomisario Villarejo. Pese a la importancia del paso, no es un movimiento imprevisible. La Fiscalía ya lo solicitó. Se trata, además, de una posibilidad con la que se especuló desde que estalló el escándalo.
La ley permite desde 2010 investigar a empresas cuando existen sospechas de que se beneficiaron de ilegalidades de sus directivos. Es más, hay un hecho que cuenta con mayor alcance que la imputación del banco: la aportación de documentos que ya protagoniza Antonio Béjar. El exresponsable del área de Inmobiliario del banco y, hasta el viernes, presidente de Distrito Castellana Norte (responsable del proyecto Madrid Nuevo Norte) se siente una víctima tras su cese forzado en ese último puesto y las filtraciones sobre una posible destrucción de documentos. Con su actitud, no sólo quiebra la tónica de negarse a declarar de todos los altos cargos de BBVA investigados. Además, Béjar se muestra dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias su colaboración y reconoce estar al corriente de un contrato entre la entidad y el excomisario. Sobre esa base, se intuye que los documentos de Béjar pueden ser decisivos a la hora de demostrar responsabilidades de la cúpula de BBVA en unas operaciones de espionaje cuyo alcance parece ir más allá del beneficio del banco. De hecho, existen indicios de una trama de intercambio de información sobre directivos del Ibex. Por tanto, pese a los esfuerzos que ha hecho recientemente BBVA, al entregar a la Audiencia el resultado de su investigación interna, la posible evolución del proceso judicial amenaza con ahondar el perjuicio de su prestigio.
