La Fiscalía Anticorrupción solicita al juez la imputación de BBVA como persona jurídica por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Argumenta su petición por los indicios que apuntan a la existencia de una trama corrupta dentro de BBVA en relación con la contratación del excomisario José Manuel Villarejo.
En concreto, el Ministerio Público señala que los documentos incautados durante la investigación acreditan que la contratación y los pagos, presuntamente ilícitos, a la compañía Cenyt (propiedad del excomisario) "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un periodo de tiempo prolongado". Por si fuera poco, Anticorrupción indica que alguno de los directivos investigados había percibido dádivas de Cenyt a cambio de promover que BBVA contratara a la compañía del excomisario. Estas nuevas sospechas elevan la gravedad del caso Villarejo para BBVA. Ya constituía un escándalo que la entidad recurriera a medios ilegales para defenderse de una opa hostil o para controlar a sus grandes deudores. Pero lo que la Fiscalía considera ahora llega más lejos, ya que alcanza a un nutrido número de directivos que se beneficiaban personalmente de la utilización de dichos de recursos ilegales. Es cierto que BBVA ha dado un gran paso en transparencia al colaborar con la Justicia entregando al juez las conclusiones de su investigación interna sobre el caso Villarejo. No obstante, este avance podría no ser suficiente. Si se demuestra la existencia de la trama generará un golpe aún mayor al prestigio de la entidad, cuya imagen ya sufre desde que surgieron las primeras informaciones sobre su relación con el excomisario.
