La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación en la pieza separada correspondiente al procedimiento específico por el que fueron concedidas las subvenciones investigadas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, pide para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación, mientras que para su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, solicita diez años de inhabilitación especial por un único presunto delito de prevaricación continuada.
Para Griñán, a quien la Fiscalía achaca presuntos delitos continuados de prevaricación y de malversación de caudales públicos, el Ministerio Público pide en concreto diez años de inhabilitación especial para empleo y cargo público por el primero de los citados delitos y seis años de cárcel y otros 20 años de inhabilitación absoluta por el segundo.
Anticorrupción también pide penas de ocho años de cárcel para los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo, seis años de prisión para la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo y diez de inhabilitación a los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez.
En su escrito de acusación, emitido este jueves y recogido por Europa Press, la Fiscalía solicita en total la apertura de juicio oral contra 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, además de Chaves y Griñán; el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías; la exministra de Fomento Magdalena Álvarez a cuenta de su papel como consejera de Economía y Hacienda; la también exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo; el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el también exconsejero de Empleo José Antonio Viera; el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera como sus sucesores en dicho cargo; y los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá Salvador y Justo Mañas.
También pide la apertura de juicio oral contra los exviceconsejeros de Innovación Gonzalo Suárez Martín y Jesús María Rodríguez Román; el exviceconsejero de Hacienda José Salgueiro Carmona; el ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; el ex secretario general de Trabajo Javier Aguado Hinojal; la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano Peña; el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez; los ex directores generales de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos, y el exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río Muñoz.
Delitos de prevaricación y malversación
La Fiscalía Anticorrupción atribuye el mencionado delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, a los expresidentes Chaves y Griñán, a los exconsejeros Zarrías, Viera, Antonio Fernández, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, a los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, a los exdirectores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y al resto de los 26 ex altos cargos para los cuales se solicita la apertura de juicio oral.
En cuanto al delito continuado de malversación, atribuido a 18 de los 26 ex altos cargos, la Fiscalía pide ocho años de cárcel, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por 20 años, para Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete Rolloso.
Por este mismo delito, solicita seis años de cárcel con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por 20 años, para Griñán, Carmen Martínez Aguayo, Justo Mañas, Daniel Alberto Rivera Gómez, Manuel Gómez Martínez y Antonio Valverde Ramos.
Piden la devolución de 741 millones
La Fiscalía pide que los presuntos autores del delito de malversación respondan solidariamente de la devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales del programa 31L y 22E por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010, que ascienden en conjunto a 741,59 millones de euros.
Así las cosas, la Fiscalía atribuye a José Antonio Griñán los dos citados delitos continuados de prevaricación y malversación, solicitando para él diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, seis años de cárcel e inhabilitación absoluta durante 20 años. Para Chaves solicita diez años de inhabilitación especial por el presunto delito de prevaricación continuada.
Para el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, pide diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación; coincidiendo en esta misma pena la exconsejera Magdalena Álvarez.
Para el exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, pide diez años de inhabilitación especial, ocho de cárcel y 20 años de inhabilitación absoluta, reclamando esta misma pena para los exconsejeros Antonio Fernández y Francisco Vallejo, y para el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero.
Para la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, el exviceconsejero Justo Mañas y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Alberto Rivera, solicita diez años de inhabilitación especial por el presunto de delito de prevaricación continuada, así como seis años de cárcel y 20 de inhabilitación absoluta por el presunto delito continuado de malversación.
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