Mijas es una pequeña localidad malagueña de gran atractivo turístico que cuenta habitualmente con una población de 55.000 habitantes, que, eso sí, se multiplica en cuanto comienzan los rigores del verano, al igual que sucede en el resto de municipios ubicados en la Costa del Sol.
Hace unas semanas, su nombre saltó a las páginas de los principales periódicos nacionales después de que el pleno de la Corporación Municipal aprobara una subida de sueldo que convertía a su alcalde, el socialista Agustín Moreno, en el mejor pagado de toda España con un salario anual de 126.000 euros.
Una nómina superior a la de Zapatero
Su nómina superaba con holgura la de los primeros ediles de localidades tan insignes como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia, y casi duplicaba el sueldo anual que percibe cualquiera de los ministros del Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero (79.000 euros). Le perjudicó el efecto comparación y la dirección del Partido Socialista le obligó a dimitir.
"No puede ser que el alcalde de un pequeño municipio cobre más que el presidente del Gobierno", ha dicho la diputada de IU, Montserrat Muñoz, impulsora de una iniciativa parlamentaria, que el Congreso estudiará a la vuelta del verano y que persigue regular por ley el sueldo de los alcaldes.
No ha sido la única en pedir un mayor control sobre las retribuciones municipales. Desde Andalucía, Galicia o Asturias se ha solicitado al Ejecutivo que utilice la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local -que el Gobierno se ha comprometido a aprobar antes del final de la legislatura- para poner coto al imparable incremento en los sueldos de algunos alcaldes.
Sueldos 'galácticos'
Y es que el del alcalde de Mijas no es el único caso de edil con sueldo de ejecutivo de empresa. Después del 27-M el mapa de España se ha llenado de puntitos que indican municipios cuyos alcaldes se han subido el salario nada más ganar las elecciones, en algunos casos hasta en un 800 por ciento. El saldo es un buen puñado de ediles que cobran más que el mismísimo presidente del Gobierno y una amplia lista en los que se cuentan por decenas los munícipes que pueden presumir de cobrar más que un ministro.
En el fondo, esta circunstancia tiene su origen en una distorsión en el mapa administrativo heredado de la transición. Entonces, el Parlamento sólo estimó necesario establecer legalmente las percepciones de los responsables nacionales y autonómicos, y dejó en una especie de limbo legal las retribuciones de los responsables municipales.
En los ochenta y los noventa, la escasez de recursos municipales hizo que esta laguna no supusiera ningún problema, pero la explosión urbanística de finales de los noventa y principios de este siglo tuvo un efecto similar sobre los sueldos de algunos alcaldes que pasaron a situarse en los puestos de cabeza del ranking de ingresos de los servidores públicos.
A día de hoy, la mayoría de los mandatarios de las grandes ciudades cobran más, no sólo que los presidentes autonómicos sino también que el presidente del Gobierno. Y no hace falta irse a las grandes capitales para descubrir jugosos sueldos. Hay pueblos de menos de 5.000 habitantes, cuyos munícipes cobran bastante más que un ministro.
Intentos frustrados
Tanto los grupos políticos en el Congreso como los distintos gobiernos autonómicos tienen claro que la autorregulación no es suficiente, pero está menos claro el criterio a emplear para modular los sueldos de los alcaldes. En principio, lo único que se tiene claro al respecto es que el primer edil de un pequeño pueblo no puede cobrar lo mismo que el de una gran ciudad.
Aunque la realidad entre las grandes ciudades también hay sensibles diferencias de sueldo. El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, percibe entre el salario propio de su cargo y los gastos de representación asociados al mismo más de 117.000 euros. Su homólogo de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, apenas llega a los 100.000 e Iñaki Azkuna, en Bilbao, se queda en los 92.000.
Hasta ahora, el único intento de homologación salarial del que se tiene constancia partió de la Federación Asturiana de Concejos (Facc), que planteó una clasificación en tres escalas: municipios de menos de 10.000 habitantes; de entre 10.000 y 75.000; y de más de 75.000 habitantes. Cada una con su respectiva horquilla salarial. "Es sólo una recomendación", aseguran desde la federación, "pero se cumple en la mayoría de los municipios". En Galicia, el PP ha impuesto topes máximos a sus alcaldes.
Hasta ahora la polémica siempre se ha resuelto con propuestas de autorregulación... difíciles de cumplir. Y es que para muchos alcaldes, como Iñaki Azkuna, de Bilbao, "ganamos poco, para la responsabilidad que tenemos".
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