La combinación de la desaceleración económica con la inflación en subida libre por culpa de la guerra y un euribor al alza representa un cóctel peligroso en términos de solvencia. Bancos, expertos y hasta el Banco de España descuentan que se traducirá en impagos porque mete presión a las empresas, y el supervisor no desperdicia oportunidad para reclamar a la banca que no libere las provisiones acopiadas durante la pandemia por lo que pueda llegar. Uno de los riesgos bajo foco es la financiación otorgada a sectores dañados durante la crisis del Covid con aval del ICO, aunque fuentes financieras aseguran que hay cierto confort, precisamente, por ese escudo público. Si explotase su deterioro el sector tendría colchón para encarar un 40% de potenciales impagos -algo que nadie espera-, estima el senior director de Alvarez & Marsal, Eduardo Areilza. Su capacidad es alta porque el riesgo está muy limitado y tienen además hucha en provisiones sin utilizar.
Para su cálculo toma de referencia que al cierre de febrero había 122.000 millones de euros financiados, avalados al 75,98%, lo que reduce a escasos 30.000 millones el riesgo directo para la banca. Además, el sector dispone, a priori, de más de 6.000 millones reservados durante la pandemia y sin usar que servirían para encarar 12.000 millones en dudosos, puesto que la tasa de cobertura suele rondar el 50%. Es decir, solo con esa dotación apalancada cubrirían un 40% del stock y sin contar con que el sector tiene capacidad para generar unos 1.000 millones en provisiones al trimestre de forma habitual.
Sin embargo, otras fuentes financieras avisan de que hay mucha letra pequeña que sí inquieta. Una no menor es que el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno para facilitar la reestructuración de los créditos avalados exige que esa revisión comprenda toda la deuda de la empresa o autónomo. En la práctica supone que los bancos no tienen manos libres para refinanciar deuda normal si el cliente obtuvo préstamos ICO, salvo que renuncien a dicho escudo. Otras fuentes indican que, en caso de declararse un fallido, el Estado no respondería hasta que la entidad agote la capacidad de renegociación y el proceso de recobro, de forma que el aval minimizaría el riesgo, pero ya en el largo plazo.
Antes de estallar la crisis de Rusia, el sector veía con optimismo la evolución de esta financiación. Solo un 40% de los préstamos se acogió a la carencia en el pago del capital principal que el Gobierno acaba de extender hasta diciembre para los sectores más vulnerables. El 60% restante pagaba con normalidad sus cuotas y apenas un 3,9% estaba en morosidad, aunque otro 21% había sido etiquetado como stage 2 porque la banca estimaba que debía estar bajo vigilancia especial, aunque no hubiese fallado ni una sola cuota. Estalla la guerra y según la consultora Axis Corporate, la banca "monitoriza" 50.000 millones en créditos avalados por temor al impago, al estar concedidos a los sectores más castigados y que habrían experimentado un auge del 30% en sus saldos dudosos en apenas seis meses. La mayor exposición vulnerable estaría vinculada con el sector turístico, del ocio y la cultura, con unos 14.841 millones; seguido por el área de infraestructuras y construcción (10.735 millones) y los servicios empresariales y profesionales (8.846 millones). Para la consultora hay otros indicadores preocupantes como el aumento del plazo medio de pagos en el sector privado y en el ratio de impago en facturas que, "de no corregirse, supondría un incremento en el incumplimiento de las obligaciones financieras de las empresas".
En Analistas Financieros Internacionales (AFI) valoran a su vez que la tasa de morosidad continuó a raya en 2021 y se situó en el 4,21% pese a la crisis del Covid gracias, precisamente, a las medidas extraordinarias desplegadas para ayudar como los ICO, los Ertes o las moratorias. La financiación con garantía pública fue, de hecho, de las más las intensivas en Europa. Según datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), representaba en diciembre "casi un tercio del total de las operaciones con aval público concedidas a nivel europeo, suponiendo casi el 15% del saldo vivo de crédito a empresas para el conjunto del sector bancario español a nivel consolidado", explica la analista de Banca de AFI, Marta Alberni.
Su tasa de deterioro o morosidad estaba además en línea con el 3,1% medio de Europa, aunque la experta advierte de que el porcentaje se ha "cuadruplicado" con respecto a 2020 y entiende que el hecho de que la banca haya puesto bajo el título de "vigilancia especial" otro 21% "puede dar lugar a una mayor intensidad en el ritmo de reclasificación a dudoso de estas operaciones avaladas, así como de otros créditos concedidos a estos acreditados por el llamado efecto arrastre".
En opinión de Alberni, la extensión en los periodos de carencias dentro del plan de choque aprobado por el Gobierno para paliar los efectos de la guerra podría implicar además "una demora adicional en la afloración de la morosidad latente". Sin embargo, estima que no se traducirá en un aumento del coste del riesgo "dado que las entidades han llevado a cabo un importante esfuerzo precautorio reconociendo de manera anticipada estas potenciales pérdidas tanto en 2020 como en 2021". La mayor preocupación en su opinión son los negocios que sufrieron con la pandemia y ahora vean, de nuevo, su posición dañada por la guerra y aquellos otros que muestran "mayor sensibilidad a los efectos del conflicto", de forma especial los que tienen alta "dependencia de insumos procedentes de los países enfrentados" y del componente energético.
Situación en Europa
A finales de 2021 en España había 103.600 millones otorgados en financiación con aval público, casi un tercio de los 327.800 millones contabilizados en toda Europa conforme a los datos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). Italia y Francia superaban la cartera, con 120.500 y 110.000 millones respectivamente. Las siguientes posiciones se alejan en mucho, con los 12.000 millones de Alemania, 7.600 millones de Portugal o 5.500 millones de Grecia. Las estadísticas de la EBA revelan que la situación en España está en línea con la media europea, con un 3,9% de morosidad y coberturas por el 15,6%, frente al 3,1% y 14% europeo. Y dentro de los países comparables por cuantía otorgada solo Italia exhibía mejores comportamientos, con un 0,8% de morosidad y provisiones que la cubren al 26%. También es superior su escudo público.
