El rey emérito, Juan Carlos I, ha anunciado este miércoles que ha abonado a Hacienda "sin requerimiento previo" un total de 678.393,72 euros con el fin de regularizar su situación con el fisco. La cantidad es el total de lo adeudado, incluyendo intereses y recargos.
"En cualquier caso S.M. el Rey D. Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno", añade la carta de su abogado, Javier Sánchez Junco, mediante la que se ha hecho pública la noticia.
Esta declaración no estaría referida a posibles bienes en el extranjeroSe trata de una cantidad que corresponde a los regalos recibidos por el empresario mexicano, Allen Sanginés-Krause, durante los años 2017, 2018 y 2019. Según fuentes próximas al entorno de don Juan Carlos, el rey emérito ha tenido que afrontar el pago del 60% de ese regalo, entre los intereses y la sanción, lo que quiere decir que la dádiva ofrecida alcanzaba entre 800.000 y 1.145.655 euros, según expertos fiscalistas consultados. Y es que a la tarifa del impuesto habría que añadir el coeficiente multiplicador, grado de parentesco, y hasta un 20% de recargo. Estos sucesos ocurrieron después de la abdicación del monarca, por lo que ya no estaba sujeto a inviolabilidad.
Este asunto está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Esta línea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no había sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.
Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de "inteligencia financiera" --Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)--.
Se trataría de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrían incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrían derivarse delitos fiscales.
Según este aviso, Juan Carlos I tendría casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habría intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un 'trust' en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehículo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.
Reacciones políticas
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que este proceso de regularización debe tratarse "con transparencia, llegando hasta el final de la investigación y respetando el derecho que tiene el rey Juan Carlos como contribuyente", pero ha asegurado que "la monarquía no está en peligro" porque "estamos juzgando a personas, no a instituciones".
En una entrevista concedida a Telecinco, Sánchez ha agregado que "el PSOE seguirá apostando por una monarquía parlamentaria y el jefe del Estado seguirá contando con mi respeto y con mi aprecio".
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, señaló previamente que se trata de "una cuestión personal de don Juan Carlos y el Gobierno no tiene nada que decir".
Una de sus compañeras en el Consejo de Ministros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado que el monarca "sabrá lo que tiene que hacer" y que "lo importante es la institución, la monarquía, que en este momento está perfectamente representada por Felipe VI".
Por su parte, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha señalado en su cuenta de Twitter que, con este movimiento, "el Rey emérito intenta comprarse la impunidad para él y toda la trama real con el dinero de la ciudadanía". "No podemos permitir que Juan Carlos se ría de la igualdad ante la Justicia. Debe responder penalmente por sus actos y resarcir a la ciudadanía todo lo defraudado", ha agregado.
En la misma línea, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, ha dicho que esa cantidad equivale a 51 años de salario mínimo interprofesional y que su situación ante hacienda es "uno de los pufos que tiene".
"Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo. Y los que tendrá y no sabemos... Menuda vergüenza internacional", ha apostillado el diputado de la formación morada.
Desde la oposición, fuentes del PP han señalado que "respetan" la decisión tomada en "el ámbito particular por el Rey Juan Carlos". Además, las mismas fuentes han aprovechado para reivindicar su legado como "arquitecto de la Transición" y "pieza imprescindible en la recuperación de las libertades de la democracia".
